La Junta de Extremadura se ha visto obligada a acatar la sentencia firme que obliga al Ejecutivo regional a hacer frente al pago de los días adeudados a 2.888 interinos que realizaron labores docentes durante el curso 2017-2018 y a reconocerles el cómputo a efectos de baremación desde el 1 de julio.
La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha reconocido hoy en Mérida que, en el caso de que el próximo curso se desarrolle en condiciones de normalidad, afectará a unos 2.400 interinos y la medida le costará a las arcas autonómicas 1,3 millones de euros.
De este modo, la Junta de Extremadura ratifica la incorporación laboral, desde el próximo curso 2021-2022, de los docentes interinos el 1 de septiembre “por el interés de dar certidumbre al colectivo y para que no se judicialice el curso”. De ese modo, se tiene en cuenta una demanda histórica y supone “una igualdad de oportunidades y una mejora laboral del colectivo”. También porque “beneficia a la organización del curso escolar y eso redunda en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en el alumnado”. Sin embargo, y dado que el asunto sólo afecta de momento a los interinos que prestaron labores docentes durante el curso 2017-2018, la Abogacía de la Junta de Extremadura ya ha anunciado que agotará la vía judicial para los cursos 2018-2019 y 2019-2020.
Esther Gutiérrez se ha referido a un “nuevo escenario que como Administración no podemos obviar”, derivado de una nueva sentencia sobre interinos que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que resultó favorable a la Administración, en este caso relativa al curso 2020-2021. Ello obligó a replantear la decisión adoptada el pasado 14 de diciembre y se solicitó un informe a la Abogacía de la Junta, “para actuar en consecuencia y de manera responsable”, ha indicado Esther Gutiérrez. Dicho informe se pronuncia a favor de agotar la vía judicial en los procedimientos pendientes sobre interinos así como ejecutar las sentencias firmes.
“Esta Administración ha mostrado siempre su respeto por el poder judicial, independientemente del sentido del fallo”; e igual que se ha hecho con las sentencias anteriores, “no se podía obviar esta última”, de enero de 2021, ha dicho.
