La Junta de Extremadura ha confirmado que el pasado año escolar se detectaron cinco casos constatados como acoso escolar, dos de ellos calificados como ciberacoso. En tres de estos cinco casos fue la familia de la persona acosada la que presentó la denuncia en el centro educativo y los otros 2 casos fueron denunciados directamente por la víctima ante la jefatura de estudios de su centro.

El secretario general de Educación, Francisco Amaya, ha dicho al respecto que “no podemos calificar estas cifras como de descenso de casos, sino simplemente como que, debido al cierre de los centros educativos y del paso al modelo de enseñanzas no presenciales, muchos protocolos no se pudieron finalizar como establece la norma”.

Además, en cuatro de los cinco casos la persona agresora se encontraba en la misma clase que la víctima y en el otro caso de acoso escolar, la persona agresora era de una clase diferente a la de la víctima.

En cuatro de los cinco casos las víctimas sufrieron agresiones físicas y verbales y en el otro caso la víctima sufrió agresión sexual, con intimidaciones y tocamientos.

Como se hacía referencia antes, en dos de los cinco casos las agresiones fueron a través de las redes sociales, con burlas por parte de las personas agresoras. Además, en uno de esos 2dos casos de ciberacoso la víctima sufrió aislamiento social dentro de su aula.

Cabe destacar también que, en los casos de acoso escolar, se suelen dar varias situaciones. De los 5 casos de acoso escolar, 2 se produjeron en Primaria; 2 en Secundaria y 1 en enseñanzas postobligatorias (Formación Profesional y Bachillerato).

En cuanto a las conductas contrarias a las normas de convivencia, el pasado curso 2019-20202 se registraron 52.685 casos, frente a los 73.130 casos en el curso anterior.

Las conductas de este tipo más habituales tuvieron que ver fundamentalmente con la perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase (30 %). Le siguieron las actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa (29,93 %), las faltas de colaboración sistemática en la realización de las actividades (17,65 %) y, por último, con impedir o dificultar el estudio a sus compañeros y compañeras (14,86 %).

Ante estas conductas contrarias a la convivencia, los centros educativos impusieron 47.313 correcciones, como el apercibimiento por escrito (54,14 %), el apercibimiento oral (28,29 %) o la supresión del derecho a asistencia al centro educativo de entre uno y tres días (8,59 %).

Estas conductas se registraron, mayoritariamente, en el entorno de la clase, seguidas del recreo y, por último, en el intercambio entre las clases.

El pasado curso se constataron 5.767 casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. En un 23,74 por ciento de los casos se produjo reiteración de conductas contrarias; en un 15,97 por ciento de los casos se impidió el normal desarrollo de las actividades en el centro; en un 14,34 por ciento fueron agresiones físicas a un miembro de la comunidad educativa; y en un 11,60 por ciento de los casos, por un uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas.

Entre las medidas correctivas aplicadas, se encuentran la supresión del derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días (35 %), la asistencia a un aula de convivencia, mediación o de trabajo en habilidades sociales (22 %), la supresión del derecho a participar en actividades extraescolares (18 %) y la realización de tareas fuera del horario escolar (15 %).

Al igual que las conductas contrarias a las normas de convivencia, estas conductas más perjudiciales se produjeron principalmente en las aulas, seguidas de en los recreos y, por último, en los intercambios de clase.

El pasado curso escolar 713 centros educativos sostenidos con fondos públicos participaron en este análisis de la convivencia. Son 2 centros más que el curso anterior.