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Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres han mostrado, de manera conjunta, su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo Contencioso Administrativo que ha estimado el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto que regulaba el potencial de producción vitícola y que era muy perjudicial para los intereses de los productores de Cava en Extremadura.

Una vez conocida dicha resolución del Supremo, ambas organizaciones agrarias han coincidido, a través de una nota de prensa conjunta, en pedir la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por “haber permitido una injusticia tan grande como que una región pudiera decidir, de manera unilateral, sobre unos derechos que afectaban al conjunto del país”.

A juicio estas organizaciones, la sentencia es un “auténtico revés judicial” contra la decisión de Luis Planas, por lo que ahora “debe presentar su dimisión al tomar una decisión que no se ajustaba a derecho y que mantuvo, a pesar de las advertencias de que no era ni legal ni justa”.

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Y es que “no puede ser que el campo se utilice como moneda de cambio, como ha pasado con este asunto del cava”, señalan estas organizaciones agrarias, que recuerdan que ese Real Decreto permitía a la Denominación de Origen Protegida Cava, cuyo órgano de gobierno se encuentra en Cataluña, “decidir sobre las restricciones relativas a las autorizaciones de nuevas plantaciones, replantación y conversión” de derechos de replantación en las zonas delimitadas por esta DOP en toda España, lo que por tanto, “suponía que en Cataluña se podría decidir cuánto y cómo se podía plantar en Almendralejo”.

De hecho, en la resolución de 2019 se acordó autorizar en 0,1 hectárea para autorizaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y reconversión de derechos de viñedo que se destinaran a la elaboración de vinos DOP Cava para los años 2020/21 y 2022, porque entendían que autorizar más “suponía un riesgo de devaluación significativa de la DOP”, aunque “lo que subyace es una limitación en la producción a las zonas en expansión en otros espacios geográficos, como era Extremadura, preservando las que ya no tienen más capacidad de crecimiento, como es Cataluña”, aseguran.

Ante esta situación, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el presidente de APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, han coincidido en consideran que este fallo judicial reconoce es que esas competencias no pueden ser de esta denominación de origen sobre todo el territorio, sino que es una cuestión del Ministerio de Agricultura, lo que “supone un espaldarazo y un reconocimiento a los productores de cava de Extremadura y de otras regiones no situadas en Cataluña”, así como un revés para el titular de este departamento.

“No se puede permitir que un grupo con intereses específicos y localizados puedan decir a todos los demás lo que pueden o no pueden hacer”, a la vez que han afirmado, en un comunicado conjunto, que “el campo extremeño no puede ser moneda de cambio para las cesiones con los nacionalismos, no lo permitiremos”.

También han resaltado el trabajo que ha realizado la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, puesto que gracias a la interposición del recurso judicial se ha podido “frenar este atropello y se ha evitado que Cataluña decida a sus anchas sobre el futuro de este producto”, de gran expansión en Extremadura.

Por último, han calificado de “irónicas” las declaraciones de la organización agraria de La Unión, felicitándose por el fallo, “cuándo ha sido esa organización agraria una de las codemandadas en el procedimiento judicial y una de las perdedoras al ser defensora de los privilegios de la DOP, a pesar de lo perjudicial que era para Extremadura”, ha concluido.


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