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Tallada en una columna de los soportales de la Plaza Chica, junto al retablo de la Virgen de la Esperancita, se encuentra la Vara de Zafra, utilizada desde el siglo XVI por los mercaderes como referencia de medida indiscutible. Los tratos se cerraban con una única vara de medir, idéntica para todos independientemente del género puesto a la venta.

El 12 de enero se vacunó contra la Covid-19 en Torrecampo -1.000 habitantes, comarca de los Pedroches, Córdoba- su alcaldesa, Francisca Alamillo Haro (PSOE). El equipo sanitario se desplazó a la residencia de mayores, de titularidad municipal, y ella aprovechó para que le suministraran la primera dosis de Pfizer alegando que sobraban dos vacunas y que, por su condición de primera autoridad municipal, era también la presidenta del centro. Tan solo unos días después el PSOE de Córdoba decidió abrirle expediente de suspensión cautelar de militancia. La misma suerte corrieron otros colegas suyos y uno más del PP, por eso de la decencia democrática.

El 4 de enero fue vacunada Soraya Cobos, directora del Centro Sociosanitario de Plasencia y concejala socialista en la oposición en esta ciudad, en un municipio distinto, Valdeobispo, y días antes que los 400 residentes que, al parecer, tiene bajo su tutela. Tanto el secretario general del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como su vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, han justificado la actitud de Cobos, tan criticada por la oposición como poco aireada por la prensa regional.

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Tan idénticas circunstancias y tan diferentes consecuencias evidencian que el PSOE aplica distintas varas de medir, siempre en función de las circunstancias, y en este caso se produce una especialmente peculiar, y es que en Andalucía se encuentra en la oposición y en Extremadura está gobernando con una cómoda mayoría absoluta. De encontrarse en plena travesía del desierto, como estuvo durante los cuatro años del mandato de Monago, Vara habría aplicado la misma vara de medir -permítanme la redundancia- a Soraya Cobos y habría corrido la misma suerte que su partido ha dictado para el resto.

Con la incidencia acumulada más elevada de España desde principios de año, una tasa que duplica la media nacional y supera a los 14 días los 1.400 contagiados cada 100.000 habitantes, la sanidad pública al borde del colapso, la apertura de hospitales de forma provisional para intentar frenar la pandemia y una tasa de mortandad que produce escalofríos, algo debemos estar haciendo mal los periodistas de Extremadura para que el vicepresidente nos felicite públicamente por la línea editorial que estamos llevando a cabo en nuestros medios.

Superada psicológicamente la fase de los aplausos desde el balcón, los dibujos de héroes y los whatsapps graciosos del confinamiento, ha llegado el momento de obtener respuestas. Entone el mea culpa la ciudadanía despendolada que ha vivido la Navidad como si fuera la última de sus vidas contribuyendo con su desenfreno a propagar los contagios, pero háganlo también quienes tienen en sus manos la responsabilidad de poner coto a tanto sufrimiento. Períodos festivos como el puente de la Constitución, Nochebuena y Nochevieja, y de compras como el black friday, ha habido en todo el país, pero comunidades con una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos activos por cada 100.000 habitantes sólo hay cuatro y Extremadura encabeza el listado.

Una semana tras otra nos llegan con cuentagotas las decisiones del Ejecutivo, cada vez más restrictivas. Es como si nos fuesen apretando el cinturón hasta hacernos reventar, como si se tratara de niños a los que es necesario dosificar el aceite de ricino. Si lo que se pretende es conjugar sabiamente salud y economía deben estar haciéndolo muy mal para soliviantar a la ciudadanía como lo están haciendo. Al mal paso, dadle prisa, porque vale más morir de pie que vivir de rodillas.


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