El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado la tramitación anticipada de un préstamo a largo plazo por importe de 30 millones de euros que se destinarán a necesidades derivadas de la situación de pandemia.

La institución provincial ha recurrido a esta operación de crédito por un período de 10 años y ha recordado que es viable porque la Diputación tiene capacidad para hacer frente a su importe debido a su buena situación económica. Cabe recordar que ya en 2016 se amortizó toda la deuda que tenía la institución.

Así, “la Institución provincial permanecerá al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía en general para afrontar las necesidades que surjan en cada momento, asegurando que no falte una cobertura total”, ha dicho el presidente en funciones, Carlos Carlos Rodríguez, quien ya explicó en su día la necesidad de afrontar los efectos de la crisis sanitaria en los distintos municipios.

Además, el portavoz Álvaro Sánchez Cotrina ha querido recordar “el empeño que desde un principio puso la presidenta de la Diputación, Charo Cordero, por convertirnos en una administración solvente que pueda dar siempre la respuesta que reclame la ciudadanía y los ayuntamientos, y es lo que hacemos ahora: poner todos nuestros recursos al alcance de la provincia para superar esta situación de crisis sanitaria”.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado un convenio de colaboración a firmar con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para que sean los organismo autónomos de Recaudación y  Gestión Tributaria de las diputaciones, en régimen de encomienda de gestión, los que se encarguen de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria, respecto a las infracciones leves y sus respectivas multas y sanciones.

Finalmente, los tres grupos políticos han aprobado una moción consensuada para instar, por un lado, a la Consejería de Transición Ecológica “a establecer un diálogo con los alcaldes de los ayuntamientos afectados y con los propietarios de los terrenos para consensuar, en el seno del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, un Plan de Acción que cuente con el apoyo mayoritario del Patronato”, y por otro, para instar al Gobierno de España “a modificar la Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parque Nacionales, para que se autoricen acciones cinegéticas de control de ungulados y que se reglamente para que se pueda llevar a cabo, en caso de necesidad, por sobrepoblación o para controlar el riesgo de transmisión de enfermedades, como la tuberculosis”.