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El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas a proyectos de inversión presentados al amparo del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

El presupuesto destinado a esta convocatoria, financiado al 100 por cien por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), asciende a 5 millones de euros.

En la gestión de esta medida, y dentro del marco de sus competencias, participan tanto la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como las comunidades autónomas, en este caso a través de la Junta de Extremadura.

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Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades a las que se refiere el artículo 61 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, sobre las que recaiga la carga financiera de las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluyendo las relacionadas con el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

Entre los costes subvencionables se encuentran la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; la compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto; costes como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, así como estudios de viabilidad.

Asimismo, se contempla también la adquisición o el desarrollo de soportes lógicos de ordenador y la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.

Esta actuación persigue fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la integración de las entidades asociativas y el asociacionismo agrario, así como promover los procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental a través del ahorro de energía, la eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la valorización y tratamiento de los residuos.

Además de impulsar la certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas y la producción ecológica, ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

También se persigue también incentivar los productos acogidos a regímenes de calidad y los pagos de uva por calidad, favorecer el incremento de la dimensión empresarial, fomentar la participación de los viticultores y elaboradores en la cadena de valor, además de promover las inversiones en comercialización, innovación e implantación de nuevos productos y presentaciones.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha autorizado la contratación de la obra de refuerzo del firme de los caminos de la zona de concentración parcelaria de Arroyo del Campo (Vegas Altas y La Serena) por un importe de 2.419.429,86 euros, cofinanciados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) ‘Europa invierte en zonas rurales’.

La situación actual de la red de caminos de esta zona de concentración parcelaria -situada en los términos municipales de Don Benito, Villanueva de la Serena, La Haba y Magacela- es que no reúne las condiciones necesarias para la transitabilidad y la adecuada utilización por parte de la población que les da uso diariamente o de manera temporal.


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