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El Partido Popular  de Cáceres ha pedido públicamente a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Cáceres y al ayuntamiento de la ciudad que desestimen la idea del traslado del Archivo Histórico Provincial al edificio del Hospital de Nuestra Señora de la Montaña, “ya que demuestra el desconocimiento de lo que supondría en cuanto a coste, autorizaciones y daños de los representantes socialistas de las distintas administraciones”.

Así lo han dado a conocer públicamente el portavoz de los populares en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, y el portavoz en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafa Mateos, Sánchez Juliá ha recordado que en la actualidad el archivo se encuentra en un edificio que reúne todas las condiciones que se necesitan para albergar unas instalaciones de este tipo, ya que cuenta con 14.000 metros lineales de estanterías ocupadas, y más de 120.000 cajas de documentos, “por lo que plantearse el traslado del mismo es completamente innecesario en estos momentos y, además, supondría un despilfarro de dinero público por un capricho del PSOE”.

Además, los populares han afirmado que “tanto a la Junta, como a la Diputación y al Ayuntamiento de Cáceres parece que se les ha olvidado que el traslado del mismo debe ser autorizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, quien en los últimos años ha hecho grandes inversiones para dotar al Archivo de las mejores instalaciones, así como de un gran laboratorio de restauración”, afirmaron en nota de prensa.

El portavoz de los populares ha lamentado que el PSOE ” ni siquiera haya consultado ni tenido en cuenta la opinión de los profesionales facultativos de los archivos, a la vez, que ha recordado que los archivos deben estar en edificios de uso específico para ellos, y que en ningún caso se recomienda que compartan espacios con otras dependencias, y menos aún, de carácter sanitario”.

Desde el PP se ha resaltado que el Archivo Histórico custodia y conserva gran parte del Patrimonio Documental de la provincia de Cáceres, y el valor que tiene es incalculable, por lo que es necesario preservar su integridad, ya que contiene documentos que pertenecen a los siglos XIV y XX.

Por su parte, Mateos ha pedido al equipo de gobierno que se niegue en rotundo a este traslado ya que “estamos hablando de poner en peligro documentos de un valor incalculable, y ha avisado a Salaya que si permite que esto se lleve a cabo y se daña algún documento, algo que es muy probable, estaría contribuyendo en un delito contra el Patrimonio Histórico Español, debidamente tipificado, y que conlleva penas de cárcel según el artículo 323 del Código Penal”.

 


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