•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lo ha vuelto a hacer. Para variar, nuestra ministra de Trabajo ha entrado por las bravas en una negociación empresarios-sindicatos, echándolo todo a perder. En el imaginario de Yolanda, el empresario es un tipo gordo, con monóculo, sombrero de copa, puro, chaleco con reloj de bolsillo y bigotón, que goza maltratando a los obreros incluso más que contando billetes. Es lo que tiene el estar fuera de la realidad, que habla de empresas con menos de 50 trabajadores (una media de siete en Extremadura) y empresarios que echan jornadas de diez horas, domingos incluidos, porque se trata de sobrevivir, y la cosa, y menos ahora, no está para tirar cohetes. Miren a su alrededor.

Pero no, para la ministra hay que dar caña a esos explotadores y maltratarles todo lo posible, y si cierran, que cierren (seguro que ella tiene un plan para reponer los empleos que se pierdan). Ahora le ha tocado al teletrabajo, una fórmula que dista mucho de ser la panacea, porque hay muchas empresas y muchos sectores donde es inaplicable. Pues bien, cuando sindicatos y empresarios negociaban cómo se podía regular, dada la utilidad de la fórmula en algunos trabajos durante la pandemia, allá que entra Yolanda e impone sus reales, con un texto que supone, de facto, el fin del teletrabajo.

Por citar solo algunas de las cuestiones que recoge el texto que marcan el desequilibrio en la relación laboral, se apunta que el horario será pactado, pero que el trabajador puede alterarlo unilateralmente y que la empresa no puede hacer que el trabajador use sus propios equipos (lógico) pero el trabajador sí que puede usar los equipos que le entregue la empresa para sus cuestiones particulares (o sea, poner en riesgo la red corporativa). Además, se habla de que la empresa asuma ‘gastos directos e indirectos’.

Hablando en plata: el empleado trabaja desde casa, tiene ordenador e internet gratis que puede usar como quiera, él decide su horario aunque ello suponga trastornos para la línea de producción, y se ahorra el transporte y seguramente la electricidad y otros costes. ¿Ventajas para la empresa? Ninguna. En la práctica debe mantener varios centros de trabajo, con sobrecostes obligados, y se le limita incluso el control del tiempo de trabajo. Dado que el teletrabajo es cuestión voluntaria para empresa y trabajador, ¿cuántas empresas optarán por la fórmula?

Así, de un plumazo, la ministra se carga una posibilidad que para el trabajador suponía no perder tiempo en desplazamientos y facilitar la conciliación, para la empresa una mejora de productividad (cuando se hace en términos equilibrados) y para la sociedad menor impacto ambiental al disminuir los traslados y posibilidad de revitalizar zonas en despoblación al permitir que se pueda trabajar desde cualquier localización. No dirán que no es una genialidad.

Pero no se queda contenta la ministra, que siente que tiene que ir un poco más, que las empresas, especialmente microempresas y autónomos, no están suficientemente castigadas, que hay que darles un último empujón para que se hundan. Surge la cuestión de que cuando haya un contagio por Covid en un colegio, los escolares del grupo próximo al contagiado serán enviados a cuarentena a casa dos semanas. Lógico. Entonces, el padre o la madre podrán optar a una baja para estar con el menor durante ese periodo de aislamiento forzoso. También lógico.

El problema es quién paga. Porque si, como pretende Trabajo, se asimila a baja por enfermedad, el coste lo soportaría la empresa (paga hasta el décimo quinto día). Imaginen, un aula con 25 críos: hoy se contagia Laura, todos a casa; el mes que viene, Carlos, todos a casa; al siguiente Ana, todos a casa… 25 padres o madres de baja por cuarentena mes sí y mes también. Y eso pagándolo una microempresa ya machacada por las restricciones que ha impuesto la pandemia. Seguramente al segundo empujón, caerá.

Porque sí, porque Yolanda ha inventado una fórmula genial: convidar con el dinero de otros. Lo lógico es que sea el Estado el que asuma el coste de estas bajas, que no son bajas por enfermedad, sino una situación excepcional derivada de la pandemia, y es una medida que beneficia a toda la sociedad, ¿no es justo pues que el coste se reparta también entre todos?

Entre todos se sufragan cuestiones como el ingreso mínimo o las ayudas al alquiler, ¿y mantener los empleos, permitir que las microempresas no se asfixien, no es también política social?