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La Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales de la comunidad han trasladado este viernes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, la Agenda para la reactivación social y económica planteada por Guillermo Fernández Vara el pasado debate sobre el estado de la región.

Lo han hecho en el marco de una reunión que tiene como finalidad iniciar la coordinación entre ambas administraciones de cara a definir los proyectos que optarán a recibir financiación con cargo al fondo de 140.000 millones de euros que recibirá España de la Unión Europea para afrontar la salida de la crisis provocada por la pandemia.

El presidente extremeño ha señalado que se abordarán los trabajos que se están desarrollando en la Agenda para la reactivación con el objetivo de que se incorporen a los proyectos que se enviarán a la UE para financiarse con fondos europeos destinados a la lucha contra la pandemia y para la recuperación económica.

Unos fondos que ya avanzó Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de La Rioja que serán gestionados por el Gobierno de España sobre la base de proyectos basados en premisas de sostenibilidad y digitalización.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que la respuesta de las administraciones a «un momento absolutamente excepcional» como el actual pasa por «trabajar juntos, eficazmente y en colaboración absoluta». Carmen Calvo ha dicho que conoce «bien» el documento de la Junta sobre con los «ejes» sobre los que quiere «mover todas las reformas estructurales», algunas de las cuales, ya iniciadas, ha dicho, por las «políticas innovadoras» del gobierno extremeño.

Según ha dicho, sacar adelante los fondos europeos con políticas autonómicas como las de Extremadura suponen «sacar de la necesidad virtud», y ha añadido que los «compromisos» de Extremadura pasan por la innovación tecnológica, elaboración y generación de conocimiento propio, acortar brechas de desigualdad de género y de riqueza-pobreza, atender al mundo rural sin abandonar los «elementos punteros» para la generación económica más allá de la agricultura, y todo ello bajo la premisa de la sostenibilidad y la «justicia climática».