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El Boletín Oficial de la Provincia de la Diputación de Badajoz ha publicado este miércoles la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas Económicas Municipales Extraordinarias para la atención de necesidades sociales.

“Estas ayudas tienen como finalidad prevenir procesos de exclusión social. Se trata de una prestación económica individualizada, destinada a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez, para cubrir necesidades básicas ante situaciones extraordinarias de dificultad social o desventajas socioeconómicas”, ha asegurado la Delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.

Para garantizar que estas ayudas se destinen a personas especialmente necesitadas se establecen límites en las percepciones máximas de las unidades familiares beneficiarias, exigiéndose además que se acredite una situación de emergencia extraordinaria o circunstancial.

Sus cuantías máximas se limitan además en función del número de personas que compongan la unidad familiar. Aún así, la ordenanza contempla la posibilidad de incrementar dichos límites cuando se den determinadas circunstancias que puedan suponer un agravamiento de la situación sociofamiliar de los solicitantes.

Las ayudas consisten en el otorgamiento de una prestación económica en especie única; una misma unidad familiar no podrá solicitar más de una ayuda dentro del año natural.

Las trabajadoras sociales del ayuntamiento determinarán, en función del tipo de necesidad que pretenda cubrirse y de las circunstancias concretas de cada unidad familiar, la concreción de estos límites. En este contexto cobra especial relevancia el papel de las trabajadoras sociales, cuya intervención profesional resultará decisiva a la hora de conceder la ayuda, gestionarla y cuantificarla.

Los objetivos de estas prestaciones reguladas por la nueva ordenanza son responder a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, que no pueden ser satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan a unidades familiares y de convivencia; apoyar los procesos de intervención social que desde los Servicios Sociales se desarrollan con personas y grupos en situación de exclusión social, siendo la prestación, un instrumento para la consecución de los objetivos de dicha intervención.