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El Partido Popular (PP) de Badajoz ha expresado su preocupación por la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad y ha asegurado que hay pacenses que están sufriendo este problema en lugares en los que disponen de una segunda residencia.

Por este motivo, el concejal del PP local de Badajoz, Jaime Mejías, ha presentado esta mañana en rueda de prensa una moción en la que el Partido Popular insta al Gobierno de España a legislar “urgentemente” en contra de la ocupación ilegal de viviendas.

Mejías asegura que el fenómeno de la ocupación ha crecido en los dos últimos años en torno a un 35%, y se estima que a día de hoy en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. El PP asegura que Extremadura no es ajena a este fenómeno creciendo hasta 285 los casos.

Según esta formación política, en la ciudad de Badajoz hay casos de ocupaciones de edificios completos en San Roque, Camino Viejo de San Vicente, Suerte de Saavedra, y La Luneta y también se están dando múltiples casos de segundas residencias vacacionales, en lugares muy populares de estancias vacacionales entre los extremeños como La Antilla, Isla Canela, Punta Umbría o Cádiz.

Mejías ha subrayado que el PP “no va a permanecer de brazos cruzados ante la injusticia que supone que una familia se ve obligada a estar en la calle porque alguien a ocupado su vivienda habitual de forma ilegal, un hecho que cuando ocurre no tiene en cuenta los recursos económicos que pueda tener la familia que se ve expulsada de su casa por una ocupación ilegal”.

Así el PP de la ciudad de Badajoz pide en su moción que el Gobierno establezca, mediante Ley, los mecanismos para que tanto las FCSE como la justicia tengan herramientas para actuar en defensa de los derechos de los propietarios, que haya “mecanismos legales que regulen y penalicen la ocupación ilegal de viviendas”.

Jaime Mejías ha manifestado la “preocupación del PP ante este fenómeno del que nadie está a salvo, pues no es una cuestión de renta o recursos”. Por lo tanto, “y a nivel jurídico, y tal y como reconoce la Carta Magna, el Gobierno de España no puede legislar protegiendo a los okupas y anulando los derechos de los propietarios de las viviendas”, ha dicho el edil, quien ha añadido que “a nivel social, consideramos una injusticia y un despropósito permitir y defender la “okupación”. 

“Si a un individuo le roban el vehículo, la motocicleta o el bolso, la policía tiene facultades y herramientas jurídicas en el acto para actuar contra el ladrón y devolver las posesiones a su propietario, amén de las penas que a posteriori imponga el poder judicial. ¿Por qué entonces no se actúa igual con la usurpación de la vivienda? ¿Es acaso menos importante que un coche o un bolso?”, ha reflexionado.

Según el PP, a todo esto hay sumar la inestabilidad social que genera allá donde se ocupe una vivienda, donde nacen o crecen los enfrentamientos vecinales. Genera así un peligroso clima de enfrentamiento entre vecinos, donde los vecinos que sí se encuentran viviendo en sus hogares con toda la documentación en regla temen que esas ocupaciones ilegales traigan a sus casas situaciones de peligro e indefensión, como así nos encontramos, casi a diario, en los medios de comunicación.

“Esto es un enorme problema al que se enfrenta nuestra sociedad, y el Partido Popular no va a permanecer con los brazos cruzados”, ha afirmado Mejías, por lo que el Grupo Municipal Popular de Badajoz propone al pleno, vía mociòn, para que se adopte el un acuerdo para instar al Gobierno de España a incluir el delito de usurpación en el Código Penal español. Y que dicho delito conlleve aparejadas penas de 1 a 3 años de prisión.

Además, que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda en menos de 48 horas; prohibir a los Ayuntamientos el empadronamiento de “okupas”. La solicitud de empadronamiento debe adjuntar la correspondiente escritura, libro de familia o bien el correspondiente contrato de alquiler. Un inmueble “okupado” no puede tener nunca la consideración de morada o domicilio; dar facilidades a las comunidades de vecinos para actuar ante los tribunales de justicia; y que los propietarios que sean personas jurídicas puedan también defender sus derechos de propiedad y actuar contra la ocupación.


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