El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado una paralización parcial del complejo residencial y de ocio Isla Valdecañas, lo que en la práctica supone que se mantendrá en pie todo lo construido y será demolido sólo lo que está en fase de construcción.

Un auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura permite mantener toda la infraestructura construida, es decir, las 180 villas y el complejo hotelero que explota la cadena Vinci, pero obliga a la Junta de Extremadura a poner en marcha un plan de protección y conservación de la zona.

El auto considera que el derribo ocasionaría más daños al medio ambiente y pone de manifiesta la imposibilidad material de ejecutar las dos sentencias de derribo que habían dictad anteriormente tanto el TSJEx como el Tribunal Supremo.

El auto, firmado el 30 de junio, obliga por el contrario a derribar las estructuras de los edificios que quedaron a medio levantar y además establece para las dos organizaciones ecologistas denunciantes una indemnización de 250.000 euros cada una por la imposibilidad de ejecutar las sentencias.

Los apartamentos que se encuentran finalizados y que eran utilizados por la promotora del complejo y el piso piloto también se verán afectados por la orden de derribo, según indica el auto, que prohibe expresamente la construcción de un segundo hotel y cualquier ampliación de las instalaciones ya existentes.

Además de las 180 villas que fueron adquiridas por particulares y empresas en el transcurso de los últimos años, se mantendrán en pie el complejo hotelero, las instalaciones deportivas y el campo de golf, por considerar que no provocan daños medioambientales. Contra este auto, que no es firme, cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

COMUNICADO DE LOS PROPIETARIOS

Los propietarios de la Isla de Valdecañas han emitido un comunicado en el que aseguran respetar "plenamente las decisiones del tribunal" y su disposición a llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con la resolución judicial "y hacer de la Isla de Valdecañas un ejemplo de convivencia entre las personas y el medio natural".

En su opinión, esta decisión judicial determina la pervivencia del proyecto, "es una buena noticia para el medio ambiente, para el desarrollo económico sostenible de la región y para el empleo".

"El proceso judicial nunca ha estado basado en cuestiones medioambientales, si no que se ha tratado en todo momento de cuestiones administrativas. El desarrollo de la Isla de Valdecañas ha transformado un terreno sin valor ecológico, en parte desierto y en parte un vertedero, en un espacio recuperado que hoy es un modelo  de biodiversidad, con una flora y fauna que antes del desarrollo no existía. Destruir el complejo de Isla Valdecañas habría supuesto un verdadero ataque a la biodiversidad, además de un considerable problema para la economía de Extremadura y un perjuicio grave para las arcas públicas de la Comunidad Autónoma, especialmente en la actual coyuntura económica", aseguran los propietarios en el comunicado.

También se han mostrado partidarios de mantener un diálogo con todos los grupos sociales e instituciones "para preservar y mejorar el valor medioambiental de la zona" y aseguran que "la experiencia demuestra que es posible, incluso recomendable, la convivencia entre espacios residenciales y espacios naturales".

REACCIÓN DEL PARTIDO POPULAR

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Juan Parejo, manifestó hoy que el auto recoge las tesis que defendía el PP durante su mandato, entre los años 2011 y 2015, cuando dejaron entrever "la imposibilidad clara" de llevar a cabo el derribo del complejo residencial y de ocio.

Parejo ha explicado que el impacto medioambiental en la zona era mínimo y que el complejo tiene zonas verdes suficientes para el mantenimiento de un hábitat para las especies.

En una comparecencia ante los medios, Parejo ha dicho que el PP acata y respeta la decisión judicial y ha asegurado que en el caso de haberse ejecutado la sentencia y haberse procedido a la demolición del complejo, la Junta de Extremadura tendría que haber hecho frente a unas indemnizaciones de 145 millones de euros que habrían supuesto la quiebra técnica y económica del ejecutivo con unas cantidades que deberían haber aportado todos los extremeños.

El PP valora positivamente el auto del TSJEx, que evitará estas indemnizaciones millonarias, pero ha recordado la necesidad de "hacer bien las cosas desde el principio".

En este sentido, Parejo ha recordado que se han puesto encima de la mesa en los últimos meses numerosos proyectos de inversión para el futuro de Extremadura y ha consisderado que ahora es el momento de hacer las cosas bien y evitar errores como el de Isla Valdecañas, que fue tramitado de forma anómala desde el origen.

El PP se ha mostrado partidario de apoyar todas las iniciativas que contribuyan al  desarrollo, el progreso y la propsperidad de la región "siempre que se hagan bien las cosas".

La opinión de Ecologistas en Acción y Adenex es bien distintas; estas organizaciones conservacionistas han expresado su indignación por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y consideran que "se trata de un caso palmario de incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración local y extremeña".

Los ecologistas han anunciado que el auto será recurrido porque hacer lo contrario supondría "asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados".