La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta que no se abran los centros educativos de la región este trimestre para garantizar la seguridad y salud de los docentes, personal de administración y servicios y de los alumnos, ya que las clases vía telemática están contribuyendo a evitar cualquier posibilidad de rebrote de la pandemia.

El sindicato, en un escrito dirigido a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha reclamado que prevalezcan los criterios de salud pública y le ha preguntado si está en disposición de garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros educativos y de los alumnos que se incorporen a las aulas.

En esta línea, CSIF ha considerado en una nota de prensa que la apertura de los centros puede "poner en peligro" la salud de todos si no se garantizan las máximas medidas de seguridad y prevención.

En este sentido, esta central sindical ha calificado de "injusto" solicitar, una vez más, a los docentes que replanteen de nuevo toda la actividad de estas últimas semanas del curso ya que es "imposible atender a los alumnos de forma telemática y presencial a la vez".

De esta forma, si desde la Consejería de Educación se opta por la apertura de los centros y la incorporación de los alumnos, "especialmente grave" para Infantil y Educación Especial, deberá realizar las contrataciones de sustituciones para mayores de 55 años, embarazadas, enfermos crónicos y situaciones especiales, ha defendido el sindicato.

Además, CSIF ha rechazado que desde la propia consejería se haya pasado a los equipos directivos de los centros la responsabilidad de comprar material de protección como mascarillas o guantes.

"Esta nueva carga para los equipos directivos es totalmente inaceptable. La falta de previsión de la consejería no puede recaer en responsabilidades de sus directores que llevan haciendo un gran esfuerzo, junto con sus compañeros, para mantener con la mayor normalidad la enseñanza en nuestra comunidad", ha remarcado.

CSIF le recuerda a la consejera en su escrito que lleva solicitando desde el pasado mes de febrero las "imprescindibles reuniones" del comité de seguridad y salud laboral, del que "prescriptivamente debe emanar un protocolo de obligado cumplimiento que garantice la prevención de los riesgos para la salud".