La Junta de Extremadura ha decidido flexibilizar los requisitos para la contrataciòn de médicos de fuera de la Unión Europea con el objetivo de reforzar el sistema sanitario en algunas especialidades y de este modo poder afrontar con mayores garantías la lucha contra el coronavirus.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha informado de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea de Extremadura para solicitar la convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.

De este modo, el Gobierno regional pretende blindarse abriendo la puerta a médicos de fuera de la Unión Europea que les permitan reforzar el sistema sanitario público de salud. 

La Junta eliminará el requisito de nacionalidad que hasta ahora era imprescindible en el nombramiento como personal estatutario de extranjeros extracomunitarios para determinadas especialidades médicas. Con ello intentará paliar la carencia de personal en algunas especialidades médicas que no ha dado a conocer y posibilitar la incorporación de médicos de países no comunitarios al Sistema Extremeño de Salud en las próximas convocatorias de acceso.

Lo que se pretende es blindar el sistema sanitario y atenuar el impacto en los más desfavorecidos y ofrecer respuestas a los colectivos que más sufren las consecuencias de la crisis sanitaria por la Covid-19.

Para este fin, el Decreto-ley 5/2020 amplía las actuaciones ya adoptadas el pasado 13 de marzo, dirigidas al apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, junto con medidas educativas y de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

En ese contexto, el Decreto-ley 5/2020, en primer lugar, arbitra actuaciones en materia de subvenciones cuyas actuaciones se dirijan al ámbito social, sanitario, socio-sanitario y de salud pública.

Las que tengan un carácter urgente se someterán al régimen previsto en el Decreto-ley 3/2020, a través del cual se habilita a la Consejería de Sanidad a efectuar las modificaciones en su cumplimiento y acreditación y posibilita su tramitación con la mayor urgencia posible.

El principal objetivo es que las entidades sin ánimo de lucro, principales beneficiarias, puedan acceder a la financiación de sus programas, unas actuaciones que complementan el marco de la atención social y sanitario público y que resultan imprescindibles en el actual contexto para que las personas más vulnerables no vean agravada su situación.

GARANTÍA DE LA RENTA

En cuanto a la Renta Básica Extremeña de Inserción y de la nueva Renta Extremeña Garantizada, se exime  a los beneficiarios de cumplir los compromisos suscritos en los Proyectos Individualizados de Inserción y Programas de Acompañamiento y se prorroga de forma automática la percepción de las prestaciones, cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

La titular de Hacienda ha explicado que durante el mes de marzo han vencido las prestaciones de 294 expedientes, de los cuales solo constaba la renovación de 117, a los que se les ha concedido; mientras que a los 177 restantes, se les ha dictado la prórroga automática recogida en este Decreto-ley.

Además, se ha autorizado a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a facilitar el reconocimiento de nuevas prestaciones y a modular los requerimientos formales de las solicitudes. Cabe destacar que la Junta de Extremadura ha ordenado pagos por importe de 8 millones de euros para sufragar la Renta Básica y, en los próximos días, correspondiendo con la nómina de mayo, las prestaciones alcanzarán a 1.776 nuevos perceptores.

En el ámbito de los conciertos sociales, el Decreto-ley 5/2020 arbitra un instrumento transitorio para asegurar la continuidad en la atención de los beneficiarios del Marco de Atención a la Discapacidad (MADEX). Con dos objetivos: garantizar la continuidad de la atención y agilizar su tramitación o renovación. Esta medida afecta a 40 entidades que ofrecen servicios que benefician a 6.300 personas y permiten el mantenimiento de más de 1.500 empleos.

Asimismo, se introduce una modificación normativa que adapta los precios de los servicios MADEX al XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad, de forma que se reconoce a los profesionales que trabajan en este ámbito y fidelizarlos a las entidades en las que prestan sus servicios.