Un total de 22.720 trabajadores extremeños se encuentran afectados por los 4.977 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a secuencia de la crisis del coronavirus.
Del total, 3.094 corresponden a la provincia de Badajoz, 1.741 a la de Cáceres, 142 tienen carácter autonómico y 23 son de ámbito nacional.
Los 3.094 expedientes de la provincia pacense afectan a 12.931 trabajadores, mientras que los 1.741 de la cacereña afectan a 6.482 empleados. Por su parte, los 142 ERTEs de ámbito autonómico implican a 3.307 trabajadores.
Además, se han presentado 23 expedientes a nivel nacional con repercusión en la comunidad autónoma que afectan a 1.842 empleados, ha explicado la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), que apunta también que la Junta ha aclarado que la tramitación de los ERTEs no supone que todos vayan a ser reconocidos y que todos estos trabajadores vayan a entrar en las prestaciones
Más de 30.000 de las aproximadamente 35.000 empresas extremeñas no se ha acogido a la fórmula del ERTE facilitada entre las medidas extraordinarias a causa de la crisis del coronavirus, lo que supone, según ha destacado Creex, que el 85% de las empresas de la región está aguantando con sus propios medios la situación, afrontando todos sus pagos pese a que su actividad es, ahora mismo, nula o muy inferior a la habitual.
El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha añadido, además, que las 5.000 empresas que se han acogido a ERTE lo han hecho ante la tesitura de una situación extrema, "porque era, o eso, o el concurso de acreedores en el horizonte cercano, como ya ha ocurrido, por desgracia, con 700 empresas".
Peinado ha enfatizado que la sociedad en general, y la Administración en particular, como institución que tiene en su mano tomar las medidas, deben reconocer el esfuerzo que están realizando tantos miles de empresas "que sin ingresos, o con una caída de ingresos muy importante, están ahí, pagando sueldos, cotizaciones, impuestos, manteniendo la cadena de pago con proveedores, es decir, manteniendo la actividad y además aportando dinero a las arcas públicas, que es algo que debería valorarse como contribución al mantenimiento de todos los servicios y prestaciones públicas".
