MÓNICA PASCUAL – BADAJOZ

Las cuatro principales organizaciones agrarias de Extremadura, Asaja Extremadura, UPA-UCE, APAG Extremadura Asaja y COAG, junto con la nueva asociación Aseprex, han convocado una manifestación conjunta el próximo 29 de enero, en Don Benito (Badajoz), coincidiendo con la inauguración de Agroexpo.

El motivo principal es reclamar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, una vez que ha dejado de estar en funciones, que aporte soluciones al problema de "precios ruinosos" que afecta a la mayoría de los sectores agrarios y ganaderos, y que tienen a la actividad en el campo "en peligro de extinción".

La convocatoria, que se enmarca en un acuerdo entre organizaciones agrícolas a nivel nacional, y que será la primera de una serie de movilizaciones, está dirigida no solo a todos los agricultores y ganaderos de la comunidad, sino también al conjunto de la ciudadanía, pues consideran que mantener la actividad en el campo es la principal medida para luchar contra la despoblación en zonas rurales.

Cabe destacar, además, que esta manifestación, que se iniciará a las 10,00 horas desde la avenida Alonso Martín, a la altura de la estación de autobuses, y que acabará en la puerta principal de Feval, coincide con otra protesta, en este caso una tractorada, organizada por otra organización agraria, La Unión de Extremadura.

Los líderes de las cinco asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos convocantes se han citado este jueves en Mérida para rubricar la solicitud de autorización de la protesta, que esperan que sea "masiva" y que será "pacífica", así como para exponer sus principales argumentos.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha señalado que los "precios ruinosos" que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos son el principal problema que afecta al sector primario. Y ello además se produce mientras los consumidores finales pagan cada vez más por estos mismos productos.

En este sentido, ha subrayado que la primera medida que reclaman al Gobierno una vez que ha echado a andar en plenas funciones es una revisión de la Ley de Cadena Alimentaria, que actualmente ha demostrado ser "claramente insuficiente", que garantice que los agricultores y ganaderos perciben un precio mínimo por sus productos con el que al menos, ha señalado, puedan cubrir los costes de producción.

"Nos estamos jugando el futuro", ha señalado Huertas, quien ha lamentado que "siempre son otros" los que les hacen las cuentas a los agricultores, por lo que pide una regulación que ponga freno a los "abusos" por parte del resto de actores de la cadena alimentaria.

A modo de ejemplo, ha señalado que mientras que los productores de fruta de la región han reportado pérdidas de 40 millones de euros en la última campaña, la centrales hortofrutícolas "campan a sus anchas y se saltan la ley", pues no firman contratos y no fijan precio por sus productos cuando los entregan, y más tarde, seis o siete meses después, les pagan "lo que les parece".

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha señalado que hay sectores muy afectados por esta situación en la región. Entre ellos ha citado la fruta, que ha reducido la superficie plantada en 2.500 hectáreas, lo cual se traduce en la pérdida de 375.000 peonadas; el pimentón se ha reducido un 20 por ciento; el aceite de oliva está "por los suelos", y los productores de cerdo ibérico cruzado no son capaces de venderlos.

García Blanco ha advertido que si este "negocio" echa el cierre, en alusión al sector primario español, España dependerá de las importaciones procedentes de terceros países y consumirá productos que no pasan los mismos controles sanitarios que los que se producen en Europa.