MÓNICA PASCUAL – MÉRIDA
La Federación Extremeña de Caza se personará como acusación por la muerte de 46 perros en la comarca de Tierra de Barros, unos hechos por los que la Guardia Civil ha abierto diligencias penales a doce vecinos, entre ellos un veterinario, como presuntos autores de delitos de maltrato animal.
FEDEXCAZA considera que este tipo de actitudes y de acciones no tienen cabida en el sector cinegético, por lo que merece la repulsa y el rechazo del mundo de la caza.
Asimismo, recuerda que la amplísima mayoría de los cazadores extremeños respeta, cuida y trata de la mejor manera a sus perros, "que no dejan de ser sus compañeros de caza y que se mantienen con los mejores cuidados, también, cuando ya no cazan por el motivo que sea".
La investigación se inició el pasado mes de agosto cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver de un perro de raza galgo en avanzado estado de descomposición, junto a un saco lleno de restos óseos, en un olivar cercano al paraje de San Isidro, del término municipal de Ribera del Fresno.
Con el microchip del animal se pudo identificar al propietario, un vecino de ese municipio, que relató a los agentes que había sacrificado al perro al no satisfacer sus expectativas para la actividad de la caza, mediante eutanasia practicada por un facultativo veterinario.
Tras enviar el cadáver del animal y del resto de evidencias recogidas en el lugar al Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la DGGC para su análisis, los agentes sospecharon que era una práctica habitual de algunos propietarios de animales, que además contaban con la colaboración de un facultativo veterinario de la comarca.
En la investigación se pudo averiguar la identidad de otras 10 personas, vecinas de diferentes municipios de la comarca, que dieron de baja un total de 46 perros de caza de corta edad, en su mayoría galgos, que supuestamente fueron sacrificados siendo animales sanos, sin motivo que justifique su sacrificio de forma legal.
Posteriormente se comprobó que el sacrificio lo realizaba el mismo veterinario mediante una mala praxis, ya que administraba la eutanasia sin aturdimiento previo de los animales e incluso fuera del centro veterinario.
También se detectó que dicho facultativo falseaba la causa en el registro de la baja de los animales como enfermedad o accidente en vez de como eutanasia, para ocultar la actividad ilegal que realizaba.
Las diligencias instruidas a los doce investigados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.
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