ISABEL BARRANTES
El Ayuntamiento de Moraleja contará con 138.000 euros para poner en marcha en la localidad elIII Plan de Empleo Social al que la Junta de Extremadura ha destinado un total de 24 millones de euros.
Con este plan se pretende crear empleo mediante la contratación de personas en situación, o riesgo de exclusión social, para la ejecución de diversas actuaciones. Este plan se pone en marcha con las aportaciones de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres.
Gracias al III Plan de Empleo Social se estima que se podrá atender a 4.000 personas que estén en situación de desempleo. Además, en esta nueva edición el programa se ha renovado para extender su protección a un mayor número de personas y para dar mayor flexibilidad a las entidades locales a la hora de hacer las contrataciones.
Hasta el momento, sólo podían acceder a las contrataciones generadas por el Plan de Empleo Social las personas desempleadas que no percibieran ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo. Ahora, se seguirá dando prioridad a las personas desempleadas de larga duración, pero que no cobren prestaciones contributivas por desempleo.
Además, ahora el cómputo de la unidad familiar de convivencia se va a cuantificar por el Salario Mínimo Interprofesional (707 euros), mientras que hasta ahora se calculaba en función del IPREM (532 euros). Por lo que se aumenta entorno a unos 200 euros el umbral económico para que uno de los miembros de una familia pueda optar a un puesto de trabajo del Plan.
Esto último se ha modificado para adaptarnos al máximo a la realidad social actual de las familias extremeñas, ya que, en sólo dos años, la tasa de personas que no perciben ningún tipo de prestación se ha reducido en más de 10 puntos en Extremadura, del 45 por ciento al inicio de la actual legislatura, al 34 por ciento actual. Esta reducción del número de personas sin protección social, auspiciada por todas las acciones puestas en marcha por la Junta de Extremadura desde las distintas consejerías en estos dos años, ha hecho necesario que las políticas se tengan que readaptar para seguir beneficiando a la sociedad extremeña y protegerla frente a situaciones de exclusión social.
