ISABEL BARRANTES
El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde con la unanimidad de todos los grupos políticos a la modificación de la Ley de prevención y lucha contra los incendios forestales en la región.
El objetivo de la modificación es la necesaria adaptación de la ley con el fin de dotar a la administración regional de los mecanismos legales para la ejecución subsidiaria de dichos trabajos preventivos, sin cargo para el obligado, en estas Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales, y previa declaración por el órgano competente del interés general.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de esta manera, podrá prevenir también los incendios en Extremadura en el monte privado.
“Los montes públicos estaban medianamente gestionados, con sus planes de gestión, pero llega un momento en el que entramos en monte privado y no había ni cortafuegos ni zonas de recogida de agua para helicópteros o trabajos de selvicultura”, ha detallado la consejera de esta área, Begoña García Bernal.
Hasta ahora se podía entrar en monte privado, pero haciendo ejecuciones subsidiarias a costa de cobrar “a la gente más humilde del norte de la provincia de Cáceres”.
Esta medida “no es un hecho aislado”, ha agregado la consejera, sino que se encuadra dentro de una visión más amplia, de una nueva visión sobre el cuidado y el aprovechamiento de los bosques extremeños en un marco que puede definirse como una nueva política forestal, “en la que esperamos seguir avanzando”, ha apostillado la consejera.
Por último, Begoña García ha anunciado que la Consejería ha preparado dos proyectos de decreto por los que se actualiza la planificación preventiva de incendios forestales, tanto del Valle del Jola, en la zona de alto riesgo de Valencia de Alcántara, como del Valle del Árrago, en la zona de alto riesgo de Sierra de Gata, declarando en ambos casos de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales y su mantenimiento mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la administración regional.
