ISABEL BARRANTES

 

 

El Consejo de Ministros, en su reunión de este viernes, ha aprobado recurrir al Tribunal Constitucional, determinados preceptos de la Ley de Exclusión Social de Extremadura que consideran que invaden competencias estatales y “cuartean” la unidad territorial.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha argumentado esta decisión en que algunos artículos de la normativa extremeña son "una intromisión" en las competencias del Estado, que afectan tanto al contenido de la misma como a la "inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social.

Además ha recordado que en la actualidad hay en el Senado un pacto estatal de sanidad, por un lado, y que el Gobierno también contempla la posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podría afectar a la actual disposición sobre embargos de ayudas.

Bajo ese prisma, Méndez de Vigo ha subrayado que el Ejecutivo cree que lo mejor es intentar llegar a un acuerdo que afecte a todo el territorio nacional y no sólo a una comunidad.

Cabe recordar que a finales del año pasado, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura decidió iniciar conversaciones para resolver algunas "discrepancias" sobre la Ley en relación con la atención sanitaria a extranjeros que no sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la universalización de la atención sanitaria.

REACCIONES POLÍTICAS

La Junta ha precisado que en el recurso del Gobierno central "no se pide la suspensión" de la Ley sino que se recurren ciertos preceptos que se refieren a la universalidad de la atención sanitaria y la inembargabilidad de las ayudas de apoyo social.

Con este motivo el Ejecutivo regional ha explicado que para asegurar el derecho a la universalidad de la asistencia sanitaria, elaborarán "normas de rango inferior para garantizar ese derecho".

Por su parte el PP considera que el anuncio de recurso ante el Tribunal Constitucional de esta ley es consecuencia de la "podemización" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Además han manifestado que Vara legisló a sabiendas de que esta norma sería declarada en parte "inconstitucional".

Asimismo desde Podemos tildan de “nuevo ataque hacia los colectivos sociales más vulnerables” esta decisión del Gobierno central.