CELIA CORDERO
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha trasladado este miércoles a un grupo de propietarios de viviendas ilegales ubicadas en la sierra de Santa Bárbara su voluntad de buscar soluciones que estén dentro del marco legal y que no pongan en riesgo a la institución municipal.
Cabe recordar que el titular del Juzgado número 1 de Plasencia ha requerido al consistorio conocer los motivos para no ejecutar procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables en el periodo comprendido entre 2006 y 2011, o la inacción a la hora de fijar multas a los propietarios.
La iniciativa del juzgado, que arranca a raíz de una denuncia elevada por un particular está en fase de instrucción. Entre los investigados se encuentran la exalcaldesa Elia María Blanco y los tres ediles que fueron responsables del Área de Urbanismo durante ese periodo que son la actual diputada regional de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.
En concreto, las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara.
En este sentido, el alcalde placentino ha explicado que los propietarios han contratado a un abogado que ejercerá como interlocutor ante la Administración local.
Asimismo, en cuanto a la decisión de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de recurrir la providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia por la que se llama a declarar en calidad de investigados los días 11 y 12 de mayo a los exconcejales de Urbanismo, Pizarro ha señalado que "es una cosa entre la Fiscalía y el Juzgado en la que yo no me voy a meter".
