CELIA CORDERO

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con las Diputaciones y los Colegios Oficiales de Abogados de ambas provincias para la implantación, puesta en marcha y atención del servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria en Extremadura.

Este convenio tiene su origen en el derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada y para ello es necesario impulsar actuaciones que posibiliten la consecución de tales objetivos, especialmente en materia de intermediación hipotecaria-inmobiliaria.

La oficinas, que contarán con un abogado o licenciado en Derecho, un trabajador social y un administrativo, estarán coordinadas por cuatro oficinas de enlace situadas en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Asimismo, ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de préstamos garantizados con la vivienda habitual, evaluar la situación del préstamo hipotecario, la capacidad de pago y, en su caso, poder formular propuestas a la entidad financiera.

También se trata de dar apoyo profesional para afrontar las consecuencias de una situación de sobreendeudamiento, asesorando sobre la reestructuración de las deudas y la recomposición de la economía familiar y poder aliviar la situación de los deudores hipotecarios de forma que no se vea afectado el derecho a una vivienda digna en relación con el inmueble en el que residen de forma habitual.

Se trata de complementar y organizar la protección que hasta el momento se presta en Extremadura a las familias que se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria o en otros procedimientos de desahucio.