ISABEL BARRANTES
La organización agraria UPA-UCE ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea.
A través de una nota de prensa, la organización ha manifestado “tranquilidad y confianza” tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil y ha asegurado que “no hay caso ya que no se ha cometido ningún delito”.
UPA-UCE ha indicado que esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes de asesoramiento que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.
El sindicato ha asegurado que “no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado” ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería “con todos los justificantes” a la organización por los servicios prestados. Unos servicios que “efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura”.
En los años a los que se refiere la investigación, UPA-UCE estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común.
Por este motivo, según la organización, los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.
Asimismo UPA-UCE ha rechazado “las formas” en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas.
