ISABEL BARRANTES
La organización agraria UPA-UCE obtuvo algo más de 1,8 millones de euros entre los años 2013 y 2015 procedentes de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados del colectivo, según han señalado desde la Comandancia Guardia Civil.
La investigación patrimonial ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros y pago de proveedores, entre otros gastos. Asimismo también se ha destinado a determinadas empresas para fines privados y para la matriz nacional del sindicato.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo, en la que ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato.
Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.
Tras el estudio de la normativa vigente que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes pudieron comprobar que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario. Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.
Con este motivo la Guardia Civil procedió a tomar manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Igualmente, se procedió a realizar un minucioso análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato pudiéndose comprobar la existencia de “un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada”.
Además la Guardia Civil también ha tenido constancia de como algunos empleados del sindicato, conocidos como los “captadores”, utilizaban mediante “el engaño o tergiversando la información”, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que se servían para dar apariencia de legalidad al entramado.
La mecánica desvelada por la investigación refleja que el dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato, que lo transfería a la empresa mercantil instrumental, la cual lo remitía a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar subvenciones. De esta forma, se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario.
La subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato, según han explicado las mismas fuentes.
De esta manera el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo que permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero.
Tanto los detenidos como las pruebas de convicción obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida, que entiende esta causa.
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