LUCIA SEMEDO-MERIDA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su sesión de este martes un conjunto de medidas destinadas a incentivar la creación de empleo por un importe global de más de 66 millones de euros, según ha informado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez en rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

De esos 66 millones, más de 44 corresponden a las convocatorias de subvenciones para el fomento del autoempleo, para la contratación indefinida y para la contratación estable en el ámbito de la economía social, tres medidas cuya regulación fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes.

Los otros 22 millones de euros corresponden a la convocatoria de las subvenciones para el nuevo programa de “Escuelas Profesionales de Extremadura” y para las nuevas “Unidades de promoción y Desarrollo”, cuya regulación también ha sido aprobada hoy en la sesión de gobierno.

De acuerdo con esa normativa aprobada hoy, las Escuelas Profesionales se configuran como una política activa de empleo con la que se persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de las personas desempleadas e inscritas en el Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo.

Por otra parte, las Unidades de Promoción y Desarrollo se configuran como módulos que colaboran en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas de formación para el empleo, especialmente de los de alternancia con el empleo.

Según ha explicado la consejera de Educación y Empleo, los proyectos de Escuelas Profesionales tendrán una duración de 14 meses, de los cuales 12 serán mediante un contrato de  formación y aprendizaje para los alumnos participantes y otros dos meses de formación práctica en empresas.

En cuanto a las Unidades de Promoción y Desarrollo, la consejera ha anunciado que servirán para dar cobertura y soporte a las entidades promotoras de los proyectos y que se constituirán dos que tendrán su sede en cada una de las diputaciones provinciales.

Respecto a la convocatoria autorizada hoy para las Escuelas Profesionales, la consejera ha explicado que de los 22,8 millones de dotación de que dispone, se destinarán 13,6  millones a proyectos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, mientras que la cantidad restante (9,1 millones de euros) se destinará a proyectos no vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.

Esta distinción se hace, según ha señalado la consejera, porque no toda las entidades locales y centros colaboradores disponen de instalaciones homologadas para la expedición de certificados de profesionalidad.

De esta convocatoria podrán beneficiarse 1.425 personas, de ellas, 855 en proyectos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad y otras 570 en proyectos no vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.

COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS

Por otra parte, en el ámbito sanitario, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado la autorización al SES para la para formalizar los contratos derivados del acuerdo marco vigente con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para la adquisición de diversos medicamentos, por un importe global de más de 40 millones de euros.

Se trata, ha añadido la portavoz, de 15 contratos para el sumnistro de medicamentos para enfermedades y tratamientos relacionados con la hemofilia, el VIH, la artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes.

Son medicamentos innovadores, ha dicho, muchos de ellos de última generación que tienen patentes de compañias farmacéuticas y de ahí su elevado precio. La compra autorizada hoy supone un ahorro de 1,2 millones de euros anuales, que se suman a los 2,5 millones de euros de ahorro que supuso la primera fase de esta compra centralizada, para la cual el SES recibió la autorización del Consejo de Gobierno el paado 21 de junio (la compra era por un importe total de 8.249.354,60 euros).

Gil Rosiña anunció que este proceso de adquisición centralizada tendrá continuación con una tercera fase que pronto será autorizada por el Ejecutivo.

La portavoz aseguró que la compra de estos fármacos “redunda en beneficio de la salud del conjunto de los extremeños” y que por eso aparece reflejada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Se trata de medicamentos “costosos” que, de no ser así, insistió, “muchos extremeños y extremeñas no podrían acceder a ellos”.

ENCARGO A TRAGSATEC

En el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (TRAGSATEC) de la segunda fase de los programas de sanidad animal para 2016, por un importe de 5.300.000 euros.

El objetivo principal de estos programas es erradicar la tuberculosis bovina, aunque también están destinados a atender otras cuestiones como garantizar la trazabilidad ganadera y el control de la cadena alimentaria, el apoyo al plan sanitario equino y otros problemas de sanidad animal.

De estas campañas se podrán beneficiar 9.900 explotaciones de ganado bovino, 15.000 de ovino/caprino y 500 de ganado porcino, avanzó la portavoz del Ejecutivo, que verán mejorado su estatus sanitario y su rentabilidad.

También en el área de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, se ha autorizado la convocatoria de las ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal para el año 2016, a las que la Junta destina un presupuesto de 2.072.732,20 euros, cofinanciados por el FEADER, del que se podrán beneficiar unos 60 ayuntamiento de la región, según explicó la portavoz.

La convocatoria establece dos líneas de ayudas, una para inversiones destinadas a contribuir al mantenimiento y mejora de las infraestructuras rústicas, y otra para financiar inversiones destinadas a la mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias basada en la modernización de instalaciones y equipos, el incremento en la productividad y el desarrollo de nuevas orientaciones productivas.

La segunda línea de ayudas (para viabilidad de las explotaciones) supone una novedad y está vinculada al compromiso de ejercer la actividad agraria durante al menos cinco años y a la contratación indefinida de un trabajador a tiempo completo.