LUCÍA SEMEDO BEUNO
El portavoz del PP en la Comisión de Investigación del incendio en Sierra de Gata, Saturnino López Marroyo, ha demandado a la Asociación de Empresas Forestales que no pase por alto las posibles irregularidades cometidas en contratación de las obras posteriores al incendio que afectó a esta comarca el pasado mes de agosto desveladas por miembros de este colectivo.
AEEFOR ha anunciado recientemente que acudirá a la Fiscalía por supuestas irregularidades en la contratación de obras que habrían beneficiado a familiares de altos cargos del gobierno de José Antonio Monago durante la pasada legislatura. Arroyo achaca esta “amenaza” a la petición del PP de deducir el testimonio de las declaraciones del presidente de la asociación, Francisco Castañares, así como de varios integrantes de la entidad por si fueran constitutivas de un posible delito, para que se eleven a la Fiscalía. Además, el portavoz ha indicado que el PP “no tiene ningún miedo de AEEFOR”.
López Marroyo ha declarado que es “una reacción ante una acción del Grupo Popular" y ha preguntado por qué AEEFOR amenaza con tomar esta medida ahora y “no cuando tenía que haberlo hecho si creían que se cometió una irregularidad”. López Marroyo ha manifestado que desde el PP no entienden por qué no tomaron medidas “si tenían dudas de las adjudicaciones en aquel momento” ya que “es entonces cuando deberían haber actuado”.
El portavoz popular ha preguntado también al presidente de AEEFOR si denunciará ante la Fiscalía a los responsables actuales de la Consejería de Medio Ambiente ya que, ante la comisión de investigación, indicó que “se estaba cometiendo un fraude en la venta de la madera quemada”.
López Marroyo ha explicado que en esta comisión se ha demostrado que la contratación de las obras de acondicionamiento de las zonas afectadas ha recaído en seis empresas y cuatro de ellas pertenecen a AEEFOR. Además, según ha explicado, estas firmas subcontrataron a otras de miembros del colectivo, en base a un reparto y facturación “contrario a lo que dice la Ley de Contratos”.
El popular ha destacado que la cuantía total destinada a estos trabajos ascendió a cerca de 5.000.000 euros. Además, ha hecho hincapié en que las contrataciones se realizaron de forma directa desde la Dirección General de Medio Ambiente y a través de llamadas telefónicas a los adjudicatarios.
López Marroyo ha defendido que “después de esas llamadas y sin que medie ningún tipo de documentación, las empresas conocieron que los trabajos les habían sido adjudicados”.
