LUCÍA SEMEDO
El Partido Socialista y Podemos han criticado la ausencia de los representantes del Gobierno central en la Comisión No Permanente de Investigación que se ha encargado de valorar las actuaciones que se llevaron a cabo para controlar y extinguir el fuego de Sierra de Gata. El PP, por su parte, ha recordado que no tenían la obligación de asistir.
Este organismo, cuya actividad ha concluido este miércoles, ha contado con las comparecencias de distintos cargos, desde alcaldes hasta profesionales de los servicios de extinción. Los grupos que la conforman evaluarán ahora los datos obtenidos para evaluar sus conclusiones, que serán debatidas.
De los llamados a comparecer esta última jornada ha rechazado la invitación Jerónima Sayagués, subdelegada del Gobierno de Cáceres, ya que ha alegado que en el momento del fuego se encontraba de “vacaciones”.
Cristina Herrera, delegada del Gobierno, tampoco ha acudido a la cita porque ha manifestado que su organismo no cuenta con competencias para afrontar este tipo de situaciones, sino que estar recaen en otros organismos como la Unidad Militar de Emergencias o la Confederación Hidrográfica del Tajo.
EL PSOE DENUNCIA LA AUSENCIA DE RAJOY
Desde el PSOE, el diputado Eduardo Béjar ha acusado a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en Funciones, “ningunea” a la región al no haber enviado a ningún representante de la Administración central.
Béjar también ha denunciado que “ni siquiera de la cara” para explicar la negativa ante un real decreto que ayude a la región a solventar la situación de esta comarca, con daños valorados en 50 millones de euros y ha anunciado que el PSOE en el Congreso impulsarán iniciativas para exigir esta medida.
“No era necesaria una comisión de investigación” ha manifestado Béjar “sino una de estudio” que permita cambiar el modelo forestal, en colaboración con la Universidad de Extremadura, para cambiar el modelo forestal.
EL PP DESTACA LOS MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS EN PREVENCIÓN
Desde el PP, Saturnino López, ha destacado que la declaración del jefe de servicio de Ordenación Forestal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta demuestra que el incendio no fue consecuencia de una falta de inversión en cuanto a prevención se refiere.
Según López, el jefe ha asegurado que en la pasada legislatura fueron más de 30 millones de euros en esta materia. Además, ha indicado que “habría sido mejor” que las primeras personas en comparecer hubiesen sido alcaldes, sindicatos y afectados directos y considera que hubo “mucha descoordinación” en la gestión del fuego.
El PP ha denunciado, además, que la Junta solo haya contratado a empresas pertenecientes a dos asociaciones para acometer las obras de mejora después del incendio en la zona.
PODEMOS PIDE QUE NO SE HAGA NEGOCIO CON EL FUEGO
La portavoz de Podemos en la comisión, Irene de Miguel, ha calificado de “grave error” que altos responsables políticos “no crean conveniente” personarse en esta comisión que ha sido “muy constructiva” para mejorar la respuesta en futuras situaciones similares.
De Miguel ha declarado que entiende que hay una “responsabilidad política” por una “gestión nefasta” y “abandono” de los trabajos silvícolas de prevención en los últimos años, además de la “no ejecución de los planes periurbanos pese a ser zonas de alto riesgo”.
La diputada también ha explicado que considera que hubo una gran descoordinación, por lo que estima necesaria una mejora de los protocolos para este tipo de catástrofes que pasa por “desincentivar el negocio del fuego y que este salga rentable”.
De Miguel ha hecho hincapié en que se siguen realizando trabajos de saca y venta de madera quemada también en los casos de fuegos supuestamente provocados, lo que hace que estén “desapareciendo por la noche lotes de madera”.
LA JUNTA DEFIENDE QUE NO HAY NEGOCIO DE MADERA QUEMADA
La consejera de Medio Ambiente, Begoña García, ha asegurado que “no hay hechos fundados” que demuestren que exista algún negocio con la madera quemada y que esta madera “se puede vender legalmente desde el 2004, cuando se produjeron dos grandes fuegos en Valencia de Alcántara y Las Hurdes”.
Además, ha destacado que el precio de la madera quemada es muy inferior y ha añadido que es “lógico” que cuando el propietario de un pinar se ve afectado por un incendio en su tierra, especialmente si este es “provocado por un terrorista medioambiental es lógico que pueda vender ese poquito que le han quedado".
García ha explicado que la madera quemada en Gata ha sido vendida con autorización de la Junta ya que “los ayuntamientos lo han sacado a concurso público, porque las corporaciones locales no pueden hacer lo que le dé la gana; hay unas condiciones de legalidad absoluta que hay que cumplir", ha añadido.
La consejera también ha indicado que los técnicos "conocen quién, cómo y cuándo se ha vendido la madera quemada de Sierra de Gata. Y cumplimos la legalidad de manera absoluta desde el año 2004".
