ISABEL BARRANTES
El decreto que regula el Informe de Impacto sobre el Empleo en decisiones públicas, todos los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de decretos-leyes, así como las disposiciones de carácter general que adopten la forma de decretos y que se debatan en Consejo de Gobierno, deberán ir acompañados de un documento que analice su repercusión en el empleo de la región desde este martes, dos meses después de que fuera publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE)
Este informe, preceptivo y no vinculante, persigue fijar un mecanismo que valore las repercusiones en el ámbito del empleo de las decisiones que tome la Junta de Extremadura para que éstas sean lo más acertadas posible.
El Informe sobre el Impacto en el Empleo analizará la posible incidencia en la creación o en la destrucción de empleo de una decisión pública, adoptada por la Administración regional. Además, emitirá información sobre si una medida determinada es favorable o desfavorable para el empleo en la comunidad autónoma.
TRAMITACIÓN DEL INFORME
Las Secretarías Generales de cada una de las Consejerías que promuevan cada asunto son las encargadas de solicitar al Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) este informe.
Estos organismos deben remitir también, junto con la propia solicitud, un proyecto de disposición, una memoria económica, una memoria descriptiva, una tabla de vigencias y aquellos datos y estudios que ayuden a facilitar el conocimiento real del impacto sobre el empleo de una determinada normativa. Después, el SEXPE remitirá dicho informe en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la entrada en el registro.
El Servicio Extremeño Público de Empleo, con todos los informes que elabore cada año, hará un dossier de seguimiento. Éste será elevado después al Consejo General de Empleo, donde están representados la Junta y los agentes sociales y económicos de la región, que analizarán con profundidad el impacto sobre el empleo que han tenido las decisiones de la Administración regional cada año.
Este mecanismo da cumplimiento a una de las medidas de la Agenda del Cambio con la que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara obtuvo la confianza de los extremeños en mayo del año pasado.
