LUCÍA SEMEDO
La ciudadanía de Extremadura ha mostrado su rechazo al preacuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados y las llamadas “devoluciones en caliente” y han instado al Gobierno central a negarse a la propuesta.
Ciudades como Badajoz o Mérida han vivido esta semana manifestaciones y protestas, junto a otras urbes españolas, contra un acuerdo que han calificado de “ilegal e inmoral” en contra de los derechos humanos de los refugiados y los migrantes.
Sindicatos, formaciones políticas, colectivos sociales, plataformas de apoyo a los refugiados y ciudadanos a título personal se han mostrado en contra de este preacuerdo que será debatido en el Consejo Europeo y que propone expulsar a Turquía a los refugiados indocumentados que lleguen a territorio comunitario.
Este preacuerdo propone abonar a Turquía unos 6.000 millones de euros para tramitar la vuelta de estas personas a sus países de origen o mantenerlos en territorio turco, las conocidas “devoluciones en caliente”. También contempla la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos de Turquía en Europa a partir de junio y la agilización de la entrada de este país en la Unión Europea.
La ciudadanía ha indicado que esta medida supone una “compraventa de personas” como si se tratara de “mercancía” y “vulnerando la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de Ginebra para los Refugiados".
