ISABEL BARRANTES

 

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, presentará proximamente los detalles del nuevo Programa de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos de Extremadura para 2016-2020 que estará dotado con unos 140 millones de euros. Sólo para este año, el proyecto de Presupuestos recoge una partida de 34 millones de euros. Son 10 millones más que la propuesta inicial y el 50 por ciento más de lo invertido en equipamientos educativos en las cuentas de 2015.

Cuando la titular de Educación y Empleo de la Junta desgrane el programa, se harán públicas todas las actuaciones contempladas para la ampliación y mejora de la red de centros educativos de la región.

Dicho programa, que aún se está perfilando, se está elaborando escuchando las demandas y aportaciones de todos los ayuntamientos, asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, así como equipos directivos de los colegios e institutos de la región que han solicitado reunirse con la propia consejera, o con algún otro miembro de la dirección de la Consejería de Educación y Empleo. De hecho, la próxima semana, se mantendrá un encuentro con el AMPA del colegio público 'De Gabriel' de Gévora (Badajoz). Una petición que se atiende inmediatamente después de ser solicitada por las madres y padres del alumnado de dicho colegio.

Aparte de escuchar a todas las partes de la comunidad educativa, la consejería, evidentemente, está teniendo muy en cuenta los criterios técnicos, a través de los estudios de los grupos de trabajo, en los que está integrada la inspección educativa y profesionales de los servicios de Obras y Proyectos de las delegaciones provinciales de educación de la consejería, que han evaluado las necesidades reales de los centros educativos extremeños. Para ello, han considerado las variables de escolarización presentes y futuras de la región, así como todos los parámetros que puedan influir en los diferentes ciclos educativos. Todo para elaborar un programa realista, riguroso, sostenible y planificado a largo plazo que atienda las demandas justificadas y las necesidades objetivas de los centros educativos.