LUCÍA SEMED0/BADAJOZ
La asociación Apag Extremadura Asaja, la Junta y la Delegación del Gobierno han logrado un acuerdo para frenar la proliferación de robos en el campo, según han asegurado desde esta organización.
Este acuerdo contempla el aumento de efectivos de la Guardia Civil en el campo, así como “la inmediata puesta en marcha de controles a los puestos de compra de aceituna, por entender que vulneran gravemente la normativa en materia de trazabilidad agroalimentaria e higiénico-sanitaria y por considerar que su existencia favorece considerablemente la proliferación de robos”. Estos controles se realizarán conjuntamente entre las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente y la Guardia Civil.
En la reunión mantenida este lunes, se ha reunido con cargos de la Junta, como el c de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles o la Directora General de Salud Pública, Pilar Guijarro.
Desde la organización han destacado el “clima de profunda colaboración y con una clara voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones reales y ciertamente eficaces”. Ambas partes han analizado el “gravísimo problema que supone la proliferación de robos de cosechas en nuestros campos, especialmente sangrante cuando de la aceituna se habla, y que ha llevado a muchas localidades y comarcas de nuestra comunidad autónoma a una situación de auténtico paroxismo”.
Apag Extremadura Asaja considera este como “un paso de gigante en la lucha contra los robos de cosechas en el campo, al cerrarse de este modo una vía de escape de la aceituna robada, evitándose así, además, su peligrosa entrada en el canal alimentario”, si bien “es una decisión tardía que se adopta cuando la campaña ya ha finalizado”.
La Junta de Extremadura también ha confirmado que iniciará, a corto plazo y con la colaboración de este grupo un proceso de desarrollo normativo que “aclare el difuso aspecto competencial que va unido a la materia y que de rigor a un mundo en el que, hasta ahora, se han producido tantos desmanes”.
Desde Apag han mantenido que “corresponde en estos momentos que la administración autonómica se una al colectivo y al campo y medio rural extremeño en su demanda por lograr de las Cortes Generales un claro endurecimiento de las penas que impida que los ladrones, algunos con hasta 180 detenciones”.
