ISABEL BARRANTES
El Ejecutivo regional ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que solicita la derogación del Real Decreto 1058/2015 de 20 de noviembre de las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, conocidas como "reválida" de sexto de Primaria.
Esta iniciativa parte del hecho de que la Junta de Extremadura no ha recibido contestación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al requerimiento formal en el que la Consejería de Educación y Empleo solicitaba la derogación de dicha norma.
La titular de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ya ha manifestado públicamente el desacuerdo de la Junta de Extremadura con ese Real Decreto por no haber sido consensuado con todas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, así como por el hecho de obligar a que sean evaluadores externos los que realicen dichas pruebas. Un planteamiento que, por parte del Estado, infravalora la profesionalidad de los docentes extremeños.
Además, la Junta de Extremadura rechaza también el decreto por imponer a las comunidades autónomas la responsabilidad de aplicar las pruebas al alumnado, con el consecuente trastorno para los centros educativos, así como el gasto económico extra para las arcas públicas de la región.
A esto se suman las serias dudas que la Junta de Extremadura tiene sobre el valor y la utilidad de las citadas pruebas, ya que un solo ejercicio no aporta información sobre todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, obliga a los jóvenes a someterse muy pronto a la tensión y la ansiedad que supone una prueba externa.
Por todos estos motivos, la Junta ha procedido a la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que se solicita la derogación de dicha norma.
