ISABEL BARRANTES 

El Ejecutivo regional plantea la posibilidad de llevar a cabo una subida de impuestos cercana a los 58 millones de euros para el próximo año. En esta subida se incluye recuperar el Impuesto de Sucesiones y eliminar los últimos cambios realizados en el tramo autonómico del IRPF.

Esta medida se encuentra dentro del plan económico financiero, con el que la Administración regional espera lograr el equilibrio en el año 2018.

Cabe destacar que la comunidad autónoma está obligada a elaborar un plan económico financiero por el incumplimiento del objetivo de déficit y la regla de gasto del pasado año. Este plan debía haberse entregado en mayo, pero el gobierno de José Antonio Monago pidió una prórroga y es asunto quedó en manos del nuevo Ejecutivo regional.

Tras reunirse con agentes sociales y grupos de la oposición, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha anunciado las líneas generales de este plan sin entrar en cuestiones concretas puesto que está vinculado al presupuesto autonómico para 2016.

En este sentido Blanco-Morales ha informado que los presupuestos del próximo ejercicio bajarán entre un 4 y un 5% respecto a este año, por lo que se aproximan al plan económico financiero.

La consejera ha afirmado que se ha encontrado unas cuentas con 611 millones de euros irrealizables, un gasto comprometido en más del 75% y un déficit que en julio duplicaba el límite para todo el año. Todo ello condiciona el plan económico financiero, que no sólo permitirá corregir el desequilibrio del pasado año, sino también el de 2015.

Para ello, se actuará tanto en la vía de los ingresos como en los gastos. Blanco-Morales ha anunciado que se revertirá la última reforma fiscal del ejecutivo del PP, la Ley de Medidas Tributarias, que se aprobó en febrero y que incluía rebajas en el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Sucesiones, el céntimo sanitario y el canon del agua, así como exenciones en tasas e impuestos autonómicos.

En el caso de los gastos, ha asegurado  que no habrá nuevos recortes en sanidad, educación y políticas sociales. Por ese motivo, se recortará especialmente en inversiones. La Junta renunciará a infraestructuras que, a su juicio, corresponden a otras administraciones.