LUCÍA SEMEDO
Dos fiscales de Badajoz han sido los elegidos por Anticorrupción para llevar a cabo la investigación del presunto fraude cometido en la gestión de los cursos de formación para ocupados en el año 2011. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite recientemente la denuncia presentada por el anterior Gobierno autonómico con motivo de este presunto fraude.
Según han informado se encuentran ya requiriendo a los sindicatos UGT y CCOO, la patronal de la CREEX y la Confederación de Entidades para la Economía y Social y Autónomos, los distintos informes y documentación sobre los fondos de los cursos.
Cabe recordar que la denuncia fue interpuesta por el Ejecutivo regional encabezado por José Antonio Monago tras detectar un supuesto fraude a “gran escala”, según afirmaron entonces fuentes del Gobierno regional. Este fraude fue presuntamente cometido en las facturaciones de Creex, UGT, CCOO y la Cepes.
El fiscal general ha señalado que en el caso de seguir adelante con la investigación por encontrar pruebas de actividad fraudulenta la instrucción recaería en un juzgado de Badajoz o Mérida.
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