LUCÍA SEMEDO
El pleno de la Diputación de Cáceres ha comenzado manteniendo un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. La presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, ha manifestado su deseo de instaurar este recuerdo cada sesión plenaria hasta que “se consiga acabar con esta lacra”, y ha recordado las dos víctimas mortales ocurridas en Valencia y Galicia este mes de septiembre, con las que se hacen 38 víctimas en lo que va de año, según ha indicado esta institución en un comunicado.
Comenzada la sesión, el pleno ha aprobado un expediente de modificación presupuestaria para poder pagar la ejecución judicial de una sentencia que el anterior equipo de gobierno no asumió, según explicó el portavoz de la Diputación, Fernando García Nicolás.
Con los votos a favor del Partido Socialista, los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el pleno de la Diputación ha sacado adelante esta modificación con la que se podrá terminar el conflicto generado durante la pasada legislatura. Según García Nicolás, el equipo de gobierno del PP tomó la decisión de no abonar a las empresas gestoras del Plan de Carreteras lo que se denomina revisión de precios de las unidades de obra, preceptivo cuando se contratan obras con las administraciones que comprenden varias anualidades. Esto hizo que en tres de las zonas, en concreto las zonas 2, 3 y 4, comenzaran sendos procesos judiciales para reclamar lo que se les negaba y a la vista de las resoluciones judiciales les correspondía, según ha indicado esta institución en un comunicado.
Hasta el momento se han pagado los atrasos en la revisión de precios a las zonas 2 y 4 pero no ha sido así con la UTE Construcciones Sevilla y Otras, por lo que se ha seguido incumpliendo con la empresa incluso después de la sentencia judicial, recuerda el portavoz socialista. Así, la modificación presupuestaria que se ha aprobado es para poder hacer frente a dicha sentencia y que asciende a un total de 2.833.585 euros de los cuales 2.389.772 corresponden al principal más el IVA de la revisión de precios desde el tercer trimestre del 2011 hasta el cuarto trimestre de 2014.
Fernando García Nicolás ha explicado que “33.645,45 euros corresponden a parte de los gastos judiciales, queascienden a un total de 67.290,84 euros que ha supuesto este absurdo e innecesario proceso judicial pero, lo más sangrante son los 443.813 euros de intereses de demora en el pago a la empresa”, según ha indicado esta institución en un comunicado.
El crédito se obtendrá de transferencias de otras partidas como son la partida para el Museo Casa Pereros, proyecto al cual el actual gobierno de la Diputación ha renunciado, 1.673.576,88 euros; Inversiones en edificaciones y otras Construcciones; Complejo deportivo el Cuartillo 875.767 euros; de la partida de expropiaciones de 2015, 124.081,02 euros; Partida de edificios provinciales 60.160,89 euros y mantenimiento EDAR Valle del Jerte 100.000 euros.
“Si a la cantidad que hemos de abonar por gastos judiciales e intereses de demora a esta UTE -ha manifestado García Nicolás- en total 511.104 euros, añadimos los 472.975 euros de los intereses de demora y los 27.731 euros de costas judiciales de las zonas 2 y 4 que se abonaron en años anteriores también por sentencia judicial, estamos hablando de 1.011.810 euros. Por lo tanto –ha añadido- gracias al capricho y la mala gestión de Laureano León, que no quiso cumplir un contrato con las empresas que gestionan las carreteras de la provincia, los cacereños y cacereñas perderemos 1.011.810 euros en intereses de demora y gastos judiciales”, según ha indicado esta institución en un comunicado.
Por otro lado también se ha aprobado un expediente de modificación presupuestaria para la ejecución judicial de sentencia a instancia del SEMPA, S.A. “Esta modificación pretende el pago de una sentencia judicial a favor del SEMPA por unas obras realizadas por la empresa que el anterior gobierno se negó a pagar con reconocimiento extrajudicial de crédito, lo que obligó a la empresa a recurrir a los tribunales que finalmente le dieron la razón”, explica el portavoz socialista y añade que “el montante total de la modificación es de 76.649,18 euros de la ejecución de sentencia más 28.852,55 de los intereses de demora”.
