La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha anunciado “una intensa actividad parlamentaria” para los próximos meses y ha apelado al consenso de los grupos parlamentarios para aprobar leyes importantes para los extremeños.

Teniente ha recordado que existen tres proyectos de ley en tramitación impulsado por el Gobierno regional (Ley de Medidas Tributarias; la Ley Agraria; y la Ley de Transición entre Gobiernos) a los que suman ocho propuestas de ley impulsadas por el grupo popular que ya están en la cámara, concretamente las normativas de la Mujer Embarazada y de apoyo a la natalidad; de LGBTY; de Servicios Sociales; de la Función Pública; del Estatuto de Capitalidad de Mérida; de Mediación Familiar en Extremadura; de Protección Ambiental; y la ley del Suelo.

Asimismo, la vicepresidenta ha anunciado la incorporación de otras nuevas propuestas de ley para este mismo periodo de sesiones, como la Ley de Flexibilización de los Requisitos de la Producción Agroalimentaria, que ha detallado hoy el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón.

En su conjunto, son medidas de gran calado para las que el Ejecutivo tratará de encontrar “el máximo consenso”, ha dicho la vicepresidenta, destacando que “ése ha sido el espíritu que ha impregnado nuestro trabajo en toda la legislatura: el espíritu de diálogo y el acuerdo, y es el que esperamos que impere en el arco parlamentario a la hora de debatir, mejorar y aprobar estas leyes”.

Todas estas propuestas mejoran las “garantías de atención al ciudadano” por su carácter social y económico o porque responden a cuestiones que afectan al empleo, a los municipios o a sectores tan importantes como el agroalimentario.

Teniente ha recordado que “la legislatura no se acaba hasta el último día”, ya que “el Parlamento estará funcionando a pleno rendimiento hasta finales de marzo y esperamos un debate abierto y constructivo sobre estas propuestas legislativas que han puesto sobre la mesa tanto el Gobierno como el grupo parlamentario popular”.

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Por otra parte, la vicepresidenta ha desarrollado algunos aspectos de la Ley de Protección Ambiental, que calificó como “una de las más importantes de esta legislatura junto con la ley Agraria”.

Esta ley, que ha sido “muy demandada por el conjunto de la sociedad” tiene como principal objetivo reducir cargas administrativas a los promotores de proyectos empresariales, así como dar celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos para acortar sus plazos y agilizar la implantación de nuevas actividades.

Además, Teniente señaló que esta normativa persigue lograr una tramitación ambiental más eficaz; armonizar medio ambiente y economía; proporcionar seguridad jurídica a promotores; y “adaptarnos a la normativa nacional y europea”.

Como principales novedades, en la Ley de Protección Ambiental de Extremadura se elimina el trámite de información pública a realizar en la tramitación del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada en el DOE, que actualmente es de 20 días hábiles.  En su lugar, la Dirección General de Medio Ambiente realizará un anuncio en su sede electrónica (la web Extremambiente) por un plazo de 10 días.

Además, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución por la que se otorgue la Autorización Ambiental Unificada pasará de los seis meses actuales a tres; y el Informe de Impacto Ambiental abreviado deberá formularse en un plazo máximo de 2 meses (en lugar de 3 meses como en la actualidad).

Otro aspecto muy importante en esta Ley es que se suprime la necesidad de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento del territorio donde pretendan ubicarse las instalaciones sujetas a Autorizaciones Ambientales Unificadas.

De este modo, concluyó Teniente, se logra “una reducción de cargas administrativas para el promotor y se acelera la tramitación”.

LEY DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

El consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, explicó que, dentro de las nuevas propuestas de ley citadas por la vicepresidenta, se encuentra el texto por el que se establece el marco mínimo para la flexibilización de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria, y por la que se crea el Registro de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La intención que se persigue con este marco normativo es la de cubrir el vacío legal existente a nivel nacional para “una actividad profundamente arraigada en Extremadura”, según manifestó el consejero, como es la venta directa de alimentos tanto frescos como transformados desde el productor al consumidor, ya sea en la propia explotación o en comercios locales, manteniendo siempre las máximas garantías de salubridad de los productos que se comercializan y protegiendo los derechos de los consumidores en toda su extensión.

Hernández Carrón destacó que Extremadura se convierte así en una de las primeras regiones de España –solo por detrás del País Vasco- en regular las condiciones higiénico-sanitarias de la venta directa entre productores y consumidores, así como la venta en circuito corto (la realizada por recolectores, productores o agrupaciones de productores con almacenes o mecanismos de comercialización colectiva, a través de un establecimiento minorista).

Esta normativa permitirá que unos 7.000 ganaderos y 11.500  productores hortofrutícolas de la región puedan ofrecer productos locales de carácter auténtico, tradicional, original, sostenible, estacional o con otros rasgos valorados a nivel local en las propias explotaciones o los mercados al aire libre, aunque la venta ambulante de productos a domicilio sigue estando vedada, según indicó el consejero.

Sin embargo, se abre la puerta a la posibilidad de sacarle un mejor partido a la venta directa en explotaciones y en mercados al aire libre, así como la venta en circuitos cortos, “que son auténticos eslabones en el proceso de inclusión social, económica y profesional, -señaló Carrón- especialmente en el ámbito rural”.

Se trata, por tanto, de facilitar que los productores de alimentos locales “puedan asegurarse unos ingresos justos, restableciéndose el equilibrio de poderes en la cadena alimentaria”, añadió el consejero, al tiempo que se defiende “el derecho fundamental de los consumidores a disfrutar de alimentos producidos localmente, sabrosos y saludables”.

Hernández Carrón explicó que para garantizar la trazabilidad de los productos que se comercialicen al amparo de esta ley, todos ellos incorporarán un distintivo y tendrán un número de registro propio recogido en el Registro de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (REACAEX), que se crea en el marco de esta normativa.

Además, las autoridades sanitarias intervendrán durante toda la dinámica del proceso, a través de inspecciones rutinarias y también mediante formación y tutela, según indicó el consejero, para que todas las actividades que se desarrollen gracias a esta ley se realicen con las debidas garantías para todos.

Carrón destacó que con esta norma se pretende impulsar en Extremadura una mejora en los ingresos que reciben los productores locales, una mayor cooperación entre las partes interesadas, una reactivación de la actividad empresarial, un aumento del empleo en el ámbito rural y, a la vez, facilitar el acceso de los extremeños a la gran variedad de productos que ofrece la región de una forma más directa y cercana.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN MARCHA

Por otra parte, la vicepresidenta y portavoz explicó que en la reunión de hoy el Ejecutivo ha valorado “dos hitos importantes para los extremeños”, como son el anuncio de la licitación del del proyecto de obra del primer tramo de la ronda sureste de la ciudad de Cáceres, entre la carretera de Trujilo y el residencial Vistahermosa, con un presupuesto de  586.000 euros, y la licitación del proyecto de obra de la ronda sur de Badajoz, en el tramo entre la carretera de Olivenza y el recinto ferial, con un presupuesto de 766.000 euros.

Teniente hizo hincapié en que el Ejecutivo está “comprometido” con estas obras y que cree “en las infraestructuras como motor de desarrollo”.

En este caso, concluyó, se trata de infraestructuras que “llevan 30 años siendo reclamadas por los extremeños”.