La directora general de Función Pública, Verónica Puente, ha presidido el acto de presentación del informe Empleo Público y Discapacidad, realizado por COCEMFE, y ha resaltado los avances realizados en esta legislatura en el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, como la ampliación del mínimo de reserva de plazas para este colectivo hasta el 10 por ciento en todas las OPE, un compromiso además, que adquirirá rango de ley con su incorporación al proyecto de Ley de Función Pública que actualmente se tramita en sede parlamentaria.

Verónica Puente destacó en su intervención que la integración y el apoyo a las personas con discapacidad “es uno de los compromisos más firmes del Gobierno de Extremadura”, y resaltó acciones como la promovida por el presidente del gobierno, José Antonio Monago, de elevar en 2012 el mínimo de plazas reservadas para este colectivo hasta el 10 por ciento, “un compromiso que se ha plasmado en las ofertas de empleo aprobadas desde entonces”.

La directora general de Función Pública, tras reseñar que Extremadura es pionera en este ámbito, hizo hincapié en que la nueva Ley de Función Pública, consensuada con los sindicatos y que actualmente se tramita en el Parlamento extremeño, eleva este compromiso a rango de ley (hasta ahora se reflejaba en un decreto) al recogerlo de manera explícita en su articulado.

COMPROMISO CON LA DISCAPACIDAD

De este modo, no solo figura en el texto la reserva mínima del 10 por ciento, sino que además se indica que al menos el 2 por ciento será para personas con discapacidad intelectual y en caso de no cubrirse las plazas, se acumularán en reserva para futuras convocatorias.

“No olvidemos –explicó Verónica Puente—que el empleo público puede ser una de las opciones más relevantes para que una persona con discapacidad acceda a un puesto de trabajo”.

Pero la directora de Función Pública expresó el deseo del Gobierno de Extremadura de ir aún más allá e indicó que es necesario conocer más en profundidad los obstáculos con los que estas personas se encuentran a la hora de acceder a las plazas reservadas, para poder removerlos cuanto antes.

Esto también se incluye en la Ley de Función Pública, que alude a la necesaria cooperación con las entidades que promuevan la integración de estas personas a todos los niveles, de ahí que apuntara como muy positivos estudios como los realizados por COCEMFE Badajoz, “qué permiten hacer una radiografía de los problemas con los que se encuentran las personas con discapacidad y adoptar desde la Administración las medidas necesarias para resolverlos y que los procesos selectivos sean un éxito”.