El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha apelado a la independencia del poder judicial y ha destacado que la Justicia debe garantizar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no lleve a cabo la consulta del 9N, tras determinar el Tribunal Constitucional que “no se ajusta a derecho”.
Así lo ha manifestado el máximo responsable del Ejecutivo regional en la inauguración de las XX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (ALTC) que han tenido lugar esta tarde en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ubicado en Cáceres.
Monago ha defendido que la Constitución “hoy nos une como país” y que “eso no se puede tirar por la borda”. “Jamás podemos traicionar nuestros principios constitucionales por seguir nuestros propios intereses partidistas, ni mucho menos para presionar a todo un país”, ha subrayado el presidente, quien ha asegurado que “quien lo haga no tiene cabida en la política española y no puede ser jamás el representante del pueblo español”. “Siempre voy a preferir la soberanía de la ley a la voluntad de uno de sus ciudadanos”, ha recalcado.
LEY ANTISOBORNO
Del mismo modo, el presidente extremeño se ha referido a la necesidad de “limpiar de corrupción España” y ha explicado que, para ello, “hay que ser inflexible y tenemos que seguir avanzando”.
En este sentido, Monago ha señalado que desde el Gobierno de Extremadura se ha reclamado al Gobierno de España una Ley Antisoborno integral. “Si alguien quiere que este presidente no siga hablando de esta cuestión y proponiendo, en definitiva, pilares que sustenten ese elemento sustancial que es la Constitución Española y que nos ha servido como instrumento de convivencia”, ha recalcado el presidente regional, quien ha asegurado que “no nos van a callar”.
Con esta iniciativa, tal y como ha explicado el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, se ha reclamado que las penas por soborno se incrementen hasta los 10 años; que el plazo de prescripción del soborno también se amplíe de los cinco años actuales a 10 años que es el siguiente nivel que contempla el Código Penal; y que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones se tipifique como soborno y se incluya en el Código Penal, también con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables. Monago ha asegurado que ya se ha registrado esta propuesta en el Parlamento.
