La Consejería de Educación y Cultura reunirá a las mesas técnicas, en las que están representando el Gobierno de Extremadura y la Universidad de Extremadura, para analizar el impacto que tendría en la Comunidad Autónoma un posible cambio en la normativa que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Así lo ha indicado la consejera, Trinidad Nogales, tras asistir a la Conferencia General de Política Universitaria, donde el Ministerio de Educación y Cultura ha planteado esta posibilidad a las comunidades autónomas. En cualquier caso, la consejera insiste en que una modificación de este calado debe pasar necesariamente por concitar los intereses de todas las partes, a través del consenso.

El borrador de Real Decreto que ha presentado el ministerio ofrece "la posibilidad de abrir un sistema optativo, voluntario, gradual y con un cronograma extenso para que las universidades españolas se vayan adaptando al sistema mayoritario europeo" ha asegurado la consejera. En este sentido, la consejera incide en que cuando se implantó el Espacio Europeo de Educación Superior se optó por un modelo que era minoritario en Europa.

La opción elegida para el territorio español fue el denominado sistema cuatro más uno, es decir cuatros años de estudios de grado más un año de estudios de máster. Este modelo es distinto al de la mayoría de países europeos, donde está implantado el modelo tres más dos, que supone cursar tres años de estudios de grado más uno de estudios de máster. Una diferencia que repercute en la internacionalización de las universidades españolas, según manifiesta Nogales.

El Ministerio ha planteado modificar la normativa para que la universidad española tenga la opción de adaptarse al sistema internacional. Una adaptación que la consejera entiende que, en caso de llevarse a cabo, debe hacerse con garantías, "analizando todos los parámetros". En este sentido, Nogales advierte que este proceso no es fácil ya que un cambio de modelo, aunque sea opcional para las universidades, lleva aparejado que las universidades inicien un proceso nuevo de verificación de los títulos, al tiempo que afrontan la renovación de la acreditación de los títulos que ya están implantados.