La exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido condenada a 2 años y 6 meses de prisión  al ser encontrada culpable de un delito de fraude continuado, además de a un total de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público debido a un delito de prevaricación continuada. El Juzgado de Plasencia ha impuesto esta misma pena al constructor José Antonio Romero Vega y se enmarcan en el llamado "Caso Plasencia". 

En esta sentencía también aparecen otros nombres como el del edil socialista Francisco Barbancho o el exconcejal Enrique Tornero, a los que la jueza a condenado a 9 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación y a 2 años y 3 meses de cárcel así como a 7 años y 6 meses de inhabilitación por un delito continuado de fraude.

Los dos últimos imputados en este caso, la concejala regionalista Mónica García y el exedil socialista Pablo Sánchez del Mazo, han sido condenados por un delito de prevaricación. En el caso de García a 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y  a Del Mazo a un total de 8 años.

En esta sentencia también se ha dictaminado que los siete imputados son absueltos del delito de tráfico de influencias.

De este modo, la magistrada ha condenado a José Antonio Romero Vega, Elia María Blanco y Francisco Barbancho, a indemnizar al Ayuntamiento por el exceso facturado en las obras del estacionamiento de la Isla con 42.304,28 euros, cantidad a la que deberán hacer frente de forma conjunta. También por esta obra deberá responder de forma solidaria, pero solo por la mitad (26.459,24 euros) Blas Raimundo.

Blanco, Romero y Barbancho, además de Tornero, por el mismo motivo en la obra de la pista de autocross y motocross deberán ingresar en las arcas municipales 11.697,70 euros; por el exceso facturado en los trabajos de la climatizada 17.425,46 euros; y 176.153,22 euros por el exceso facturado en las obras de mantenimiento de la Ciudad Deportiva.

Con esta sentencia, hecha pública hoy, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 10 días. El proceso judicial se inició en diciembre de 2009 con la denuncia ante la Fiscalía de los entonces ediles del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia, Miguel Cantero e Isidro Rodríguez.