La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo garantiza que todos los desahucios de viviendas de promoción pública que están teniendo lugar en Extremadura son consecuencia de expedientes totalmente justificados y avalados por la justicia.

Los servicios sociales dependientes de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda analizan la situación de cada familia, caso a caso, impulsando sólo los procesos de lanzamiento cuando se trata de situaciones en las que se acredita el mal uso reiterado de un bien público como es una vivienda social.

Ante las declaraciones realizadas por portavoces del Campamento Dignidad, el Gobierno de Extremadura asegura que seguirá trabajando para que las viviendas sociales estén en manos de las familias más necesitadas de cada municipio y no en poder de quienes las ocupan irregularmente, las destrozan o mantienen en ellas conductas asociales.

El Ejecutivo autonómico garantiza que las familias de bien que residan en viviendas de promoción pública pueden estar tranquilas, ya que ningún adjudicatario que no pueda pagar la mensualidad porque haya perdido su trabajo o porque haya visto recortados sus ingresos sustancialmente se va a quedar en la calle; puede dejar de pagar la renta o parte de ella, pero de manera legal, acudiendo a los servicios sociales de la Consejería.

EL CASO DE BADAJOZ

En el caso de la familia de Badajoz a la que ha aludido el Campamento Dignidad, residente en el Grupo Sepes, el expediente de desahucio se inició en 2010 por conducta asocial, al recibirse un informe de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura sobre la detención de varios miembros de esta unidad familiar por venta de droga.

Se da la circunstancia de que el adjudicatario de la vivienda reside en el casco antiguo (su esposa tiene una vivienda en la calle Bravo Murillo) y es uno de sus hijos quien ocupa el citado inmueble del Grupo Sepes.
Además, la esposa de este hijo también es adjudicataria de una vivienda social en el mismo Grupo Sepes.

1.393 FAMILIAS EXENTAS DE PAGO

El Gobierno de Extremadura recalca que nunca antes se ha realizado en la región una política en materia de vivienda con un matiz tan social como en los últimos tres años.

De hecho, el carácter social es el sello que impregna todas las actuaciones de vivienda que desarrolla la Administración autonómica. La Consejería de Fomento ha entregado en los últimos siete meses 37 viviendas sociales a familias que habían sido desalojadas de su hogar por no poder pagar la hipoteca al banco. Esto ha sido posible porque se modificó en marzo de 2013 el Decreto de adjudicación de viviendas, creando así un instrumento legal, eficaz, capaz de dar respuesta a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias.

Gracias a otra modificación de esta misma normativa, los inquilinos de las viviendas sociales que no pueden abonar las cuotas por cambios en su situación económica se benefician de una rebaja en el alquiler e incluso pueden llegar a la exención total de la renta durante dos años. A día de hoy 1.393 familias que residen en viviendas de promoción pública (el 10% del total) están disfrutando de la exención del pago.

LAS VIVIENDAS RECUPERADAS SE VUELVEN A ENTREGAR

En la presente legislatura, las autoridades judiciales han decretado 111 desahucios en viviendas sociales del parque público autonómico. En la práctica totalidad de los casos se trataba de inmuebles desocupados, ocupados ilegalmente o donde se realizaban conductas antisociales. Los desahucios por impago son minoría. Todos ellos se han debido a que el adjudicatario adeudaba más de 100 recibos mensuales –lo que demuestra que la deuda no guardaba relación con una situación sobrevenida por la crisis—y a que se acreditaba que éste tenía medios para no haber tenido que llegar a este extremo.

En todos los casos, estas viviendas recuperadas están siendo entregadas de nuevo a familias con bajos recursos. Fiel ejemplo de ello son los procesos actualmente en marcha en Cáceres, Mérida y Plasencia, donde los servicios sociales municipales seleccionarán, por baremación, a las familias más necesitadas para entregar 60, 20 y 10 viviendas sociales, respectivamente, en los próximos meses.