El nuevo edil del Partido Socialista (PSOE) en Coria, José María Rivas, tomará posesión de su acta de concejal en sustitución de Ana Victoria Miguel en la sesión ordinaria que se celebrará durante la jornada de este lunes a partir de las 20:00 horas.
Ana Victoria Miguel hizo oficial su dimisión el pasado mes de abril mediante un escrito en el que achacaba su dimisión al “peligro” que corría, según sus palabras, “su vida privada por la política” y recalcaba “el daño moral” que había sufrido tanto ella como su familia por parte del Ayuntamiento de Coria.
Miguel fue condenada, también en abril, por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a devolver un total de 34.170 euros, cuantía que percibió en la anterior legislatura cuando ocupaba el cargo de concejala de Obras, Servicios y Bienestar Social en el equipo de Gobierno del PSOE. En las nóminas de la concejala se reflejaba una situación laboral de dedicación exclusiva, y no a tiempo parcial como había aprobado el pleno, por lo que recibió el 100% de la liberación y una cantidad de 2.100 euros mensuales.
El litigio comenzó en el año 2012, cuando el actual alcalde de Coria, José Manuel garcía Ballestero, del Partido Popular, denunció públicamente irregularidades en el sueldo de Miguel. En junio de ese mismo año el pleno aprobó el inicio del expediente para reclamar las cantidades indebidamente percibidas con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Socialistas Independientes de Extremadura (SIEX) y la oposición del Grupo Socialista.
Tanto el Grupo Socialista de Coria como la concejala interpusieron sendos recursos sobre el inicio de este expediente, pero ambos fueron rechazados en la sesión plenaria. Los recursos fueron desestimados también por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres.
La concejala Ana Victoria Miguel y el Grupo Socialista manifestaron en todo momento que se había producido un error al abonar la retribución salarial que correspondía con su dedicación y defendieron la postura de que “hacer que devuelva las retribuciones ganadas justamente supone un enriquecimiento injusto para el ayuntamiento”.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón al actual equipo de Gobierno desestimando las pretensiones de los socialistas y ha condenado a la concejala a devolver la cuantía de 34.170,45 euros por cobros indebidos entre los años 2009 y 2010.
