El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto-ley por el que se modifica parcialmente la Ley General de la Hacienda Pública de Extremadura con el fin de permitir al Ejecutivo cancelar operaciones financieras suscritas con anterioridad y refinanciarlas con un menor coste para las cuentas públicas en el pago de intereses.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Cristina Teniente, señaló que se trata de “hacer posible una cancelación anticipada de operaciones financieras en los periodos de mayor restricción crediticia, como fue el ejercicio de 2012, para refinanciar nuevas operaciones contratadas con condiciones más favorables”, siempre que dicha cancelación no se encuentre penalizada.

Concretamente, explicó, se pretende “de manera inmediata” amortizar la operación realizada con el ICO para el pago de proveedores por importe de 228 millones de euros con un plazo de diez años y un tipo de interés equivalente al euribor más 525 puntos básicos.

Se trataría, añadió, de cancelar esa operación y sustituirla por otra nueva, bien mediante emisión de deuda o mediante préstamos con bancos, por el mismo importe, con un interés del tesoro más 75 puntos básicos, “que es el que se está pagando en la actualidad”, apuntó la vicepresidenta.

Con esta operación, manifestó Teniente, el Gobierno de Extremadura se va a ahorrar 40 millones de euros.

Por otra parte, la vicepresidenta defendió la elección de la fórmula del decreto-ley porque se trata, dijo, de “dar una respuesta ágil y eficaz a las actuales condiciones de los mercados financieros”.

RELEVO GENERACIONAL

Por otra parte, explicó la vicepresidenta, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio de colaboración que supone “dar el primer paso” para la puesta en marcha del Plan de Relevo Generacional que contemplaba el Plan de Autónomos del Gobierno extremeño.

Se trata de un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la implantación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas.

El objetivo es evitar la pérdida de puestos de trabajo, de conocimientos y de capital económico que supone la desaparición de empresas, y de este modo facilitar a los nuevos emprendedores iniciativas ya consolidadas en el tiempo que incrementen notablemente sus posibilidades de éxito.

En Extremadura, la puesta en marcha de este plan ministerial corresponderá a la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora y, entre otras actividades, se darán a conocer los beneficios de la transmisión empresarial a los potenciales compradores, vendedores e intermediarios.

Para ello, señaló la portavoz el Ejecutivo, se utilizará la plataforma tecnológica creada al efecto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Además, indicó Teniente, el Ejecutivo quiere contar con la “implicación” de las asociaciones de trabajadores autónomos para identificar a aquellos empresarios que estén a punto de jubilarse y ponerlos en contacto con nuevos emprendedores que quieran poner en marcha su propio negocio.

El objetivo es, señaló, facilitar a esos jóvenes “una iniciativa de negocio que sea viable y sostenible en el tiempo y que tenga posibilidades de éxito”, ya que, concluyó, “se pierden muchos recursos cuando se cierra un negocio”.

NUEVA EDICIÓN DE EMPRENDEDOREXT

Por otra parte, y fuera del orden del día de la sesión, Cristina Teniente anunció la puesta en marcha, en el mes de mayo, de la tercera edición del programa formativo Emprendedorext, que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Extremadura y con el que se pretende fomentar el emprendimiento entre los universitarios.

La nueva edición incorpora, como novedad, la posibilidad de obtener tres nuevas titulaciones de la Universidad de Extremadura, el máster en Emprendimiento e Innovación (con dos especialidades, la de Emprendimiento y la de Innovación) y el título de Especialista Universitario en Emprendimiento.

Esta tercera edición ofrece 33 acciones formativas con un total de 1.450 horas lectivas y pondrá un especial énfasis en la innovación empresarial.

 

CLARIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE OPOSICIÓN

Por otra parte, el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha informado sobre la resolución del Servicio Extremeño de Salud ante los recursos presentados en el proceso selectivo de la oposición de Cirugía General y Aparato Digestivo, que ha resuelto que la aspirante María Jesús Mejuto debe repetir el primer ejercicio de dicho proceso, como publica el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Para Hernández Carrón, esta resolución pone de manifiesto el “compromiso inmediato y firme de este Gobierno” ante este tipo de circunstancias, asegurando que la “claridad y la transparencia primen por encima de cualquier otra condición” y apelando a la tranquilidad de los extremeños, ya que -según ha dicho- “si hay irregularidades, este Gobierno tomará cartas en el asunto” asegurando que “quien la hace la paga”.

Tras analizar los recursos presentados después de tres meses de investigación, se estiman parcialmente dichos recursos, y basándose en la jurisprudencia existente, se ha decidido declarar nulo el acuerdo del tribunal de selección y se determina que solamente la opositora cuestionada debe repetir el examen, con un nuevo tribunal.

 

Hernández Carrón ha asegurado que todo este proceso se ha realizado con la mayor pulcritud posible e intentando causar el menor perjuicio al resto de aspirantes, de ahí que se haya estimado continuar con el proceso mediante la baremación de méritos al resto de opositores que han aprobado el primer ejercicio.

NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

El titular de Salud ha dejado claro que este caso afecta a las oposiciones convocadas por el anterior Gobierno y ha precisado que las que convoque el nuevo Ejecutivo incluirán las modificaciones necesarias para asegurar un “acceso más justo, equitativo y transparente al empleo público” basándose en la nueva ley de Función Pública.

Se primará la igualdad, el mérito y capacidad, para evitar “modos que han sido hasta ahora bastante opacos”, de ahí que la nueva legislación contemplará que ningún alto cargo podrá presentarse a una oposición, ni se elegirá a dedo al tribunal, ni se permitirá que los políticos puedan designar a miembros de esos tribunales.

También se reforzará el papel de los sindicatos como garantes de los procesos selectivos y se creará una Oficina de Control para garantizar un acceso más justo al empleo público.