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El portavoz del equipo de Gobierno y vicepresidente 2º de la Diputación de Cáceres, Saturnino López Marroyo, ha dado a conocer este jueves, minutos antes de la celebración del pleno ordinario del mes de marzo, un informe de Intervención en el que se refleja laliquidación del presupuesto del ejercicio 2013 de la Institución Provincial. El informe refleja que la liquidación, que cumple sobradamente con los ratios exigidos por ley en cuanto al cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, presenta un remanente de tesorería para gastos generales de 73.311.403,51 € y un superávit presupuestario de 43.928.701,70 €.

 Según López Marroyo, este remanente y este superávit“nos están permitiendo acometer en este mismo momento en Mesa de Contratación el Plan de Inversiones de 2013, que estaba pendiente de la modificación de la Ley, y también que afrontemos las obras necesarias para la apertura del hotel rural de la Haza de la Concepción”. El portavoz del equipo de Gobierno también ha avanzado que gracias a estos datos“el Plan de Eficiencia Energética que no pudimos presupuestar será una realidad en el próximo pleno y, además, ya estamos trabajando en la confección de un Plan Extraordinario destinado a acometer las principales necesidades de inversión de todos los pueblos de nuestra provincia y que se sumará al Plan Bianual, del que ya se están redactando los proyectos, además de otras muchas más inversiones que iremos desgranando en los próximos días y que contribuirán a paliar la grave situación de desempleo que sufre la provincia”.

 El informe de Intervención también incluye los datos de la deuda viva de la Diputación de Cáceres que es de35.228.227,54 €, un 57,27 %, muy lejos de los más de 98 millones que había en 2011, al inicio de la legislatura, y del 110% de nivel reglamentario. López Marroyo ha destacado que “no se ha solicitado ningún préstamo en esta legislatura, es más en los últimos dos años se han cancelado anticipadamente préstamos, para liberar carga financiera”.

Además, la Diputación de Cáceres ha tenido un periodo medio de pago a proveedores de 14,78 días en el último trimestre de 2013, frente a los 60 que establece la legislación, muy lejos, en cualquier caso, de los 118 días de media de la Administración Local o de los 129 del conjunto de Administraciones.


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