La Guardia Civil ha imputado a siete personas por su implicación en supuestos delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, caza ilegal y tenencia de armas.

Se ha detenido a cuatro personas, tres de los cuales,  se dedicaban a la venta ambulante de embutidos, quesos y otros productos alimenticios en los mercadillos de varias localidades de la provincia, y a la venta directa a determinados clientes.  Los otros tres imputados daban salida a productos destinados a consumo humano, sin ninguna trazabilidad o facilitaban etiquetas de los mismos, que los detenidos utilizaban de forma fraudulenta.

 Las actuaciones se han llevado a cabo en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura  y responsables del Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.

La operación policial, denominada "ARTEMISA", desarrollada por componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, comenzó en octubre cuando se conoció la actuación reiterada de cazadores furtivos en distintas fincas rústicas ubicadas en las estribaciones de la Sierra de San Pedro de Cáceres, zona declarada de "emergencia sanitaria",  por la prevalencia de la tuberculosis en los ejemplares de cérvidos.

Fruto de las primeras investigaciones, el día 28 de octubre de 2013, los Agentes del SEPRONA lograron identificar a dos de los detenidos, en una acción de caza ilegal, en la que lograron abatir un ejemplar hembra de ciervo, abandonando el cuerpo del animal tras haber sido previamente despojado de los lomos y jamones.

Establecida la identidad de estas personas, se comprobó su vinculación con la comercialización de productos cárnicos y derivados lácteos en algunos mercadillos de la provincia de Cáceres. El seguimiento de esas actividades mercantiles llevó a los investigadores a conocer, con la colaboración de inspectores del Servicio Extremeño de Salud, que entre los productos cárnicos manufacturados que ofertaban se encontraban embutidos elaborados con carne de caza – abatida ilegalmente – sin que ésta fuese sometida, previamente, a los controles y reconocimientos sanitarios preceptivos. Además, para dotar a estos productos de apariencia legal y facilitar su venta, se les colocaban etiquetas de marcas comerciales reconocibles por los consumidores.

Las primeras detenciones se efectuaron en la mañana del día 16 de diciembre de 2013, en la provincia de Cáceres, tras practicar dos registros domiciliarios, uno en la localidad de Malpartida de Cáceres y otro en una casa de campo del término municipal de Cáceres.

En Malpartida de Cáceres, los agentes registraron un anexo de la vivienda que era usado para envasar y etiquetar productos alimenticios, donde encontraron una máquina etiquetadora que marcaba fechas de caducidad, unos seiscientos chorizos sin etiquetas, setecientos quesos – de los que la mitad se encontraban en deficiente estado de conservación y el resto carecían de etiquetado y de cualquier información acerca de su trazabilidad -, más de seiscientas etiquetas de productos cárnicos y quesos de marcas registradas correspondientes a distintas empresas ubicadas en varias provincias del territorio nacional así como siete armas de fuego.

En la casa de campo, ubicada en la Sierra de San Pedro, se halló el vestuario, medios y efectos empleados en la caza furtiva (mochilas, hachas, machetes, adaptadores para medios de iluminación, amplificadores de imágenes, etc) y métodos de caza masivos no selectivos como trampas-cepo y redes para la captura de aves.

Con el resultado de estos registros,  se confirmó la hipótesis que sustentaba la línea de investigación policial que presumía que los detenidos vendían productos elaborados con carne de caza, omitiendo cualquier tipo de control sanitario, y quesos en mal estado o de procedencia desconocida, que etiquetaban sirviéndose de marcas de empresas legales, estampando fechas de caducidad o consumo preferente simuladas.

Los cuatro detenidos, junto a las diligencias policiales y efectos intervenidos, pasaron a disposición judicial, acordándose su puesta en libertad con cargos, adoptando contra los imputados, como medida cautelar, la inhabilitación especial de todos ellos para llevar a cabo la venta de productos de charcutería y de quesos, tanto en puestos de venta en mercados ambulantes como en cualquier otro lugar, o a cualquier establecimiento o persona.

Durante los meses de enero y febrero se continuaron las investigaciones, procediéndose a la imputación de otras tres personas, en distintas poblaciones de las provincias de Salamanca y Cáceres, por su relación con la comercialización irregular de alimentos, incumpliendo la normativa de carácter sanitario y sobre trazabilidad de los productos alimenticios destinados al consumo humano.

Se considera que han podido resultar perjudicadas, por el uso ilegal y fraudulento de las marcas comerciales, al menos una docena de empresas alimenticias radicadas en territorio español.