El Parlamento extremeño abordará en marzo la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Extremadura (STA-Ex) de que una persona condenada a una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público está ocupando un puesto de funcionario en Plasencia.
Esta persona fue inhabilitada por 10 años de todo empleo y cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa en sentencia número 266/2009, de fecha 21 de diciembre, del Juzgado de lo Penal de Don Benito.
La sentencia número 119/2010, de fecha 16 de julio, de la Audiencia Provincial de Badajoz, que confirma la anterior.
Según ha informado el STA-Ex en un comunicado y recoge la agencia EFE, la Mesa de la Cámara ha calificado y admitido a trámite el escrito de denuncia, que ha sido remitido a la Comisión de Peticiones para su estudio el próximo mes de marzo.
El sindicato ha expresado su deseo de que esa comisión dictamine teniendo en cuenta que según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, "la pena de inhabilitación, ya sea absoluta o especial, comporta la pérdida definitiva de la condición de funcionario".
