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El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha anunciado que 17.000 desempleados se han beneficiado de la exención de tasas -de aproximadamente unos 35 euros- para concurrir a la Convocatoria Pública de Empleo del Gobierno de Extremadura, a la que van a concurrir casi 170.000 personas. Entre los beneficiados con esta nueva medida, 3.000 son nuevos parados.

“El Consejo de Gobierno era consciente de que la inclusión sin más de esta exención en la convocatoria tendría un efecto en las cifras de paro registrado del mes de enero, sin embargo, en línea con nuestro compromiso de allanar el camino de las oportunidades a los que más lo necesitan, decidimos asumir una eventual subida del desempleo a cambio de facilitar el acceso de los más desfavorecidos a las oposiciones, de proteger al más débil”, ha explicado el consejero.

Esta es una nueva medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura para que los opositores en situación de desempleo no tengan que hacer frente al desembolso de las tasas, en contraposición al sistema anterior en el que tras abonar las tasas y una vez finalizadas las pruebas, el opositor debía demostrar su situación y solicitar la devolución del dinero.

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De este modo, en el SEXPE, del 1 de enero al 17 del mismo mes, se habilitó un plazo en el que se debían registrar todos aquellos interesados en beneficiarse de esta exención como demandantes de empleo.

TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS

Pedro Tomás Nevado-Batalla realizaba este anuncio para continuar informando sobre el transcurso y evolución de este proceso, en aras a velar por la transparencia del mismo y defender “los principios de igualdad, mérito y capacidad que tiene que imperar en este tipo de convocatoria” –según ha dicho-.

En este sentido, ha señalado que ya se están arbitrando medidas para aplicar lo anunciado en el pasado Consejo de Gobierno, que incluyen novedades respecto a procedimientos anteriores, entre ellas, se establece que los altos cargos no podrán participar en aquellas convocatorias realizadas por el Gobierno que los nombró, se asegurará el anonimato de los aspirantes y se establecerá con antelación los criterios de evaluación de las pruebas.

En relación a los tribunales, se les exigirá su propia responsabilidad, “ya que no todo depende de la Administración convocante” -según ha señalado el consejero-, de ahí que se elabore un Manual para que los tribunales, “además de tener un componente científico” tengan un conocimiento exhaustivo de todo el proceso.

Con todo ello, y a juicio del responsable de Administración Pública, este Gobierno demuestra que “por encima de la palabras se aportan hechos”.


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