El Gobierno de Extremadura ha decidido pagar a los empleados públicos la cantidad correspondiente a los 44 días devengados de la paga extra que fue suprimida en el año 2012, según anunció hoy el presidente del Ejecutivo regional, José Antonio Monago.
Se trata, señaló Monago, de una medida que beneficiará a unos 48.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma (entre Administración General, Servicio Extremeño de Salud y personal docente no universitario) y a la que se destinarán 20 millones de euros, una cantidad que se abona, dijo el presidente, “porque podemos hacerlo” y “porque contamos con las cuentas más saneadas de España”.
El presidente justificó esta medida en el hecho de que cuando la norma por la que se suprimía la paga extra entró en vigor (el 15 de julio de 2012) “el personal afectado ya había prestado los servicios que retribuyen esa paga dentro del cómputo semestral o anual. Es decir, ya habían trabajado 44 días”, por lo que, continuó, “vamos a devolver a nuestros funcionarios lo que es suyo”.
Monago calificó también la medida como “un reconocimiento expreso, nuevamente” al conjunto de los empleados públicos, ya que, señaló, ”no sería coherente para un Gobierno como el nuestro que ahora que vamos a abandonar la recesión y entrar en crecimiento económico no nos acordáramos de ellos”.
En este sentido recordó que en los dos últimos años y medio Extremadura ha realizado un esfuerzo al pasar de ser la comunidad autónoma con el segundo déficit más alto de España al más bajo de todo el país, algo que, manifestó, no se hubiera podido conseguir “sin la complicidad de nuestros funcionarios”.
Por ello, enumeró una serie de medidas que el Gobierno de Extremadura ha tomado para favorecer a los empleados públicos, como por ejemplo el mantener los complementos por la carrera profesional, elevar “al máximo permitido los complementos por incapacidades temporales y enfermedades”, el decreto sobre teletrabajo o la decisión de aprobar “un decreto de reconocimiento de distinciones a nuestros empleados públicos”.
También recordó que “reconocimos el derecho de nuestros funcionarios a recibir la paga extra adelantándosela de junio a enero. Fuimos los primeros en hacerlo en toda España. Dimos la cara por nuestros funcionarios, sin esperar a que aquella paga se devolviese en unos años”.
Monago añadió que esta decisión del Ejecutivo ha sido tomada “tras realizar un minucioso examen de los aspectos jurídicos y como demuestra la jurisprudencia que se ha ido generando en los conflictos individuales de algunos funcionarios en España”.
En este sentido, concluyó que en los próximos días se va a convocar la mesa general de negociación de los empleados públicos para pactar el calendario de devolución dentro del ejercicio de 2014.
26 MILLONES DE EUROS EN POLÍTICAS SOCIALES
Por otra parte, el presidente del Ejecutivo informó de que el Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy destinar más de 26 millones de euros a diversas medidas de carácter social.
En primer lugar destacó una dotación para la próxima temporada de los JUDEX y JEDES de 2.337.000 euros en ayudas a las federaciones deportivas, que son las encargadas de desarrollar estos juegos en cada una de las modalidades.
Estos juegos continúan una temporada más, señaló Monago, “con el propósito de fomentar el deporte escolar y el deporte inclusivo, que son los dos grandes pilares de trabajo del Gobierno de Extremadura en materia deportiva”.
Otra medida destacada, en este caso en el área de la Consejería de Fomento, es la decisión de destinar un millón de euros para subvencionar a los extremeños a quienes el Gobierno central reconoció una ayuda para que pudieran pagar la entrada de las viviendas protegidas que compraron y que finalmente no les ha abonado.
Con esta medida, que según el presidente favorecerá a un centenar de ciudadanos extremeños, se pretende compensar la retirada de la ayuda estatal directa a la entrada, contemplada en el Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, a aquellos adquirientes o adjudicatarios de viviendas protegidas de régimen general o especial a quienes ya les había sido reconocida la mencionada ayuda.
Sin embargo, por las nuevas condiciones de obtención impuestas por la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, esos ciudadanos se encuentran con que las mismas no serán abonadas.
En materia de Salud y Política Social se han autorizado convocatorias de ayudas y firma de convenios con ayuntamientos que suman una dotación económica global de 23,5 millones de euros, fundamentalmente para garantizar la atención a mayores y a personas en situación de dependencia.
Por una parte, destacan los 11 millones y medio que se destinan a subvenciones para entidades públicas y privadas que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad, y por otra, los 7,2 millones de euros que corresponden a convenios con 11 ayuntamientos para el mantenimiento de 233 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros de día y residenciales de titularidad municipal.
