El diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura, Víctor Casco, ha presentado las enmiendas a la ley de publicidad y comunicación institucional.

Con esta ley, que viene a sumarse a la Ley de transparencia y a la de Altos cargos que se está tramitando en la Asamblea, según Víctor Casco, se contribuye “a configurar una legislación en Extremadura que suponga abrir las instituciones a los ciudadanos, poner coto a la corrupción y a las corruptelas más o menos legales, es decir, a la adjudicación de los contratos a dedo utilizando la legislación vigente que lo permite, y sobre todo, hacer que las instituciones puedan ser transparentes para todos los ciudadanos”.

En total son cuatro las enmiendas que ha elaborado IU y que inciden en ese sentido. Según Casco, la primera de ellas intenta “desterrar de la administración pública los contratos a dedo, aquellos que se realizaban sin concurso ni publicidad y, en algunos casos, en vista de cómo se han adjudicado algunos contratos de distintas administraciones no solo la regional, con nocturnidad y alevosía”.

Para el diputado de IU, ha habido un “terreno oscuro que ha utilizado mucho la administración para premiar o castigar, en función de la mayor o menor complacencia con el poder” y que “debe quedar desterrado” con las adjudicaciones a través de concurso público donde “toda empresa tiene derecho a presentarse, con unas condiciones y una baremación absolutamente objetivas”, sin “amiguismos ni enemistades manifiestas”. Si no se produjera el concurso público, “la administración tiene la obligación de explicar detalladamente por qué utiliza otro tipo de adjudicación”, ha añadido Víctor Casco.

Otra de las enmiendas de IU pretende, según su diputado, “garantizar el pluralismo informativo” para evitar “lo que ha ocurrido en esta región en distintas administraciones, donde ha habido momentos en los que, a determinados medios de comunicación o a periodistas, se les ha puesto en la lista negra”, una práctica que “tiene que desaparecer”.

Para hacerlo posible, IU propone que las instituciones incluidas en la ley, comunidad autónoma, ayuntamientos y diputaciones, “tienen que tratar por igual a todos los medios de comunicación y, por lo tanto, la distribución de la publicidad institucional debe hacerse también con criterios objetivos y donde nadie quede excluido porque tenga más  o menos simpatía en la línea editorial con el poder de turno” ha explicado Víctor Casco.

Los criterios objetivos a los que se refiere IU para la inclusión de la publicidad institucional estarían ajustados y serían proporcionales a la audiencia y cifras de distribución y venta, según los datos publicados periódicamente por las organizaciones encargadas de ello, como por ejemplo, el Estudio general de medios.

Una tercera enmienda propuesta por IU, según Víctor Casco, incide en la comunicación “a los ciudadanos y la propia Asamblea” de los contratos de publicidad institucional que deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Extremadura y estarán a disposición del Portal de Transparencia y Participación cada cuatro meses, y no cada año como plantea el texto original de la ley.

Finalmente, IU no entiende que la ley contemple un plazo de seis meses para su entrada en vigor. Casco ha explicado que IU propone que se “reduzca a la mitad, que suele ser lo habitual”, es decir, tres meses desde su aprobación. Como esta se prevé que se produzca en el último Pleno de la Asamblea del mes de diciembre, el diputado de IU ha calculado que para el mes de marzo podría estar en vigor.