Unas doscientas personas tienen ya concedida la renta básica extremeña de inserción, una cifra que irá aumentado escalonadamente hasta el próximo verano, cuando se calcula que se habrá normalizado la puesta en marcha de este nuevo derecho social, según ha informado el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo.

En concreto, en rueda de prensa en Mérida, el director general ha apuntado que 761 expedientes estaban concluidos, de los que 198 han sido favorables -el 26 por ciento del total- y 563 denegados, en el 90 por ciento de los casos por exceso de ingresos, ya sea económico o de patrimonio.

Desde el pasado 1 de agosto, cuando se abrió el plazo de presentación de solicitudes, se han presentado un total de 14.015 peticiones, de las que 9.453 se encuentran en fase de tramitación. Entre estas últimas figuran 3.555 solicitudes que están pendientes de subsanación de errores, según ha precisado el director general.

En este sentido, ha indicado que septiembre y octubre han sido los meses en los que se ha registrado un mayor volumen de peticiones, mientras que en noviembre están entrando entre 50 y 60 diariamente.

Respecto a los abonos, ha señalado que este mes ya se han empezado a realizar los primeros pagos de renta básica, al tiempo que ha anunciado que el Gobierno extremeño realizará un “esfuerzo” para adelantar los pagos correspondientes al 1 de enero a finales de diciembre por tratarse de fechas navideñas.

RESOLUCIONES DIARIAS

Bravo ha informado además de que diariamente está firmando resoluciones de renta básica, con mayor predominio de las negativas sobre las positivas, además de por el exceso de ingresos, porque miembros de una misma unidad familiar han presentado solicitud cuando sólo debería haberlo hecho uno de ellos.

Según ha explicado, ello se ha debido a que muchos de ellos han sido “desinformados intencionadamente” por parte de algún colectivo, fundamentalmente en Mérida, lo que ha generado “más trabajo y complejidad” en este proceso, dado que el Gobierno tiene la obligación de dar trámite a cada una de estas peticiones y de recabar 8 de los 12 documentos que deben presentarse.

Asimismo, ha lamentado que se están detectando algunos casos de “picaresca”, como por ejemplo movimientos de patrimonio, poniendo bienes inmuebles a nombre de menores, así como en los padrones municipales, con personas empadronadas en cocheras.

“Son casos anecdóticos”, según ha manifestado, pero ponen de relieve el trabajo que se está desarrollando desde la Administración para que “el dinero público de todos los extremeños llegue a quien realmente lo necesita”.

“Nadie va a caminar solo en Extremadura, pero también vamos a ser muy escrupulosos para que la ayuda llegue a quien realmente tiene que llegar”, ha insistido Juan Bravo a este respecto.

No obstante, también ha destacado que gracias a la puesta en marcha de la renta básica se están consiguiendo logros, como por ejemplo una reducción del absentismo escolar.

TRABAJO ÍMPROBO

El director general ha elogiado el trabajo “ímprobo” que están realizando los 39 trabajadores de la Oficina Técnica de GPEX encargada de la tramitación de las solicitudes “mañana y tarde”.

Este equipo, según ha informado, se ha visto reforzado con el establecimiento de un horario de tarde “extraordinario” voluntario para funcionarios de la Dirección General de Política Social y Familia.

Ha indicado además que las resoluciones irán aumentado escalonadamente en los próximos meses, de modo que se estima que antes del próximo verano se habrá estabilizado la situación, y será entonces cuando se podrá contar con “un termómetro de la situación social en Extremadura” en base a los resultados obtenidos.

Las previsiones, ha recordado, apuntan que en Extremadura se presentarán entre 15.000 y 20.000 solicitudes de renta básica y que entre 5.000 y 7.000 personas serán titulares de esta prestación.

En este punto, ha aclarado que hay que diferenciar entre titular y beneficiario, dado que la renta básica se concede a una persona –el titular- y beneficia a todos los miembros de su unidad familiar, al incrementarse la prestación en función del número de personas que componen ésta.